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01 marzo 2024
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El juez archiva la causa contra el director de la Residencia Elder de Tomelloso

Residencial Elder
Residencial Elder de Tomelloso / Lanza
Francisco Navarro / TOMELLOSO
Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de un grupo de familiares de los residentes fallecidos durante la pandemia, acusando al director de la Residencia Elder del delito de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este medio, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso ha decretado el “sobreseimiento provisional y archivo” de las actuaciones llevadas a cabo frente al José Manuel Sampedro como director de la Residencia Elder y de la Fundación del mismo nombre “por los hechos objeto de la denuncia, al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Recordemos que las actuaciones se incoaron a raíz de la denuncia presentada por un grupo de familiares de los residentes fallecidos durante la pandemia, acusando al director de la Residencia Elder del delito de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Esa denuncia se produjo tras el fallecimiento de 75 residentes entre los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020.

Argumenta el juez en el auto que “La situación producida en la Residencia ELDER obedeció a un cumulo de circunstancias desafortunadas. Por motivos que se desconocen, y desgraciadamente por mero azar, el virus accedió a la Residencia ELDER, a las puerta de una explosión pandémica que estaba germinando, cuando aún no había mostrado su cara más destructiva y letal, en un momento en el que la información que circulaba sobre este virus era confusa, afloramiento del virus en ELDER coincidió en el tiempo con el inicio de un colapso de una administración sanitaria sin posibilidad de reacción, ni capacidad de previsión, que a la postre resultaría letal para la población más vulnerable”.

Sobreseimiento provisional

Es por ello que decreta “el sobreseimiento provisional de la causa, ya que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito, en el que estaría involucrado el investigado”.

El juez de Instrucción, tras hacer una cronología de la expansión de la pandemia entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 asegura que “todo ello nos asienta en la idea de novedad del virus, desconocimiento de su comportamiento, y subestimación de su capacidad de propagación y letalidad en relación con las personas especialmente vulnerables entre las que se encontraban los ancianos usuarios de este tipo de residencias”.

Hasta el momento del “afloramiento” de los contagios en la residencia “únicamente se contaba con Documento Técnico de recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19 de 5 de marzo de 2019” que “solo establece recomendaciones para prevenir la propagación, relacionadas con los trabajadores y con las visitas de familiares”.

Par el juez  “queda fuera de toda duda que todos los fallecidos fueron tratados, como el resto de los enfermos, y de acuerdo con las capacidades de un sistema sanitario colapsado en el momento del estallido de la situación de ELDER, con tratamiento médico, con o sin éxito, pero eso ya no dependía del facultativo que lo prescribía o enfermeras/auxiliares que impartían los cuidados en la residencia (evidenciado en la cruda narración de los hechos depuesta por los trabajadores), sino de circunstancias ajenas a ellos, pues, hasta este momento, no se ha descrito un tratamiento remedio del virus Covid-19. Queda fuera de toda duda que se procuró la atención más efectiva, al alcance de los conocimientos de la ciencia y las posibilidades de todos ellos”.

Con respecto a la circunstancia, introducida en la denuncia de que la residencia no tuviese un medico permanente, el titular del Juzgado número 1 señala que no lo contaba antes de la pandemia. Asegura el auto, además que las actuaciones que se llevaron a cabo en Elder “completaban una actuación cuidadosa con la normativa que se iba proporcionando por parte de las autoridades, excluyendo cualquier tipo de infracción del deber de cuidado”.

En una larga exposición, el juez concluye que el desabastecimiento de material era generalizado “pero ello no justifica la imputación de responsabilidad penal a la dirección de ELDER, pues en caso alguno existió la actitud absolutamente indolente por parte del director de la que se habla en la denuncia y que integraría el tipo del injusto del Delito de Omisión”. Tras analizar el resto de las acusaciones de la denuncia, como la falta de contratación de personal o al posible “boicoteo” del denunciado, el juez infiere que “no procede otra cosa que el archivo de las presentes actuaciones”.

José Manuel Sampedro ha explicado a este medio que se remite al auto, “en el que el juez deja todo bien claro”. Asegura que está valorando la posibilidad de hacer una declaración al respecto.

Los familiares recurrirán

Según informa el digital PeriodicoCLM, la decisión judicial que ha supuesto un jarro de agua fría para los demandantes, que han anunciado su intención de recurrir. La decisión del juez les genera un “tremendo dolor”, al considerar que todas las pruebas existentes acreditaban los hechos planteados en su denuncia.

Aseguran los demandantes al citado medio que se trata de una decisión “injusta, apresurada e incomprensible” y siguen exigiendo que “se sepa lo que realmente ocurrió, que se investigue de principio a fin lo que sucedió en la residencia”.

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