El proyecto para instalar una planta de biometano a unos 15 km del casco urbano está provocado opiniones contrapuestas —algunas polarizadas— entre promotores, vecinos, políticos y expertos. Lo que para unos es una oportunidad energética y medioambiental, para otros podría convertirse en un riesgo socioambiental de gran calado.
¿Qué plantea el proyecto?
La planta proyectada aspira a transformar hasta 227.000 toneladas al año de residuos orgánicos —como vinazas, estiércol y aguas de limpieza de bodegas— en biogás, que tras un proceso de purificación se convertiría en biometano. Según el Ayuntamiento, esta tecnología es una vía para aprovechar subproductos locales ligados a la agroindustria, reducir emisiones y ofrecer una salida más limpia a los desechos.
Voces a favor: argumentos técnicos, económicos y ecológicos
Equipo de Gobierno (Ayuntamiento de Tomelloso)
El alcalde Javier Navarro y su equipo defienden que los residuos que genera Tomelloso son más que suficientes para abastecer la planta, negando que haya que importar materia prima de fuera. Navarro también afirma que el Consistorio no ha firmado ningún acuerdo vinculante aún; la decisión final, dijo, recae en la Junta de Comunidades. Agregó que han tenido “más de 15 reuniones” con agentes locales (cooperativas, bodegas, agricultores, vecinos) para informar y escuchar sensibilidades.
Expertos técnicos
En Lanza, el catedrático Ángel Fernández Mohedano (Ingeniería Química) y el consultor Vicente Galván defienden que la tecnología propuesta es madura, segura y perfectamente regulada. Según ellos, Tomelloso tiene tres veces más residuos de los que la planta necesita, y los camiones que transportarían esos residuos ya circulan hoy, por lo que el tráfico no aumentaría de forma significativa. Añaden que el digestato resultante puede convertirse en fertilizante orgánico, reduciendo olores, emisiones y uso de abonos minerales.
Sector agrario y empresarial
Entidades como ASAJA Tomelloso respaldan el proyecto por su potencial para transformar desechos agrícolas en energía y fertilizante. También la Asociación de Empresarios de Tomelloso ha mostrado simpatía por la iniciativa, señalando beneficios económicos, generación de empleo y la oportunidad de posicionar al municipio en la transición energética.
Beneficios climáticos y medioambientales
Benjamín de Sebastián, concejal de Servicios al Territorio, ha destacado que la planta evitaría emisiones equivalentes a las de 60.000 coches al año si produce biometano para inyectar en la red de gas. Además, subraya que la instalación permitiría reducir azufre y nitrógeno en los residuos actuales, contribuyendo a una mejor gestión de nitratos en el acuífero local.
Críticas y preocupaciones: los escépticos llaman a la precaución
PSOE local
El Grupo Municipal Socialista ha criticado la falta de transparencia del proyecto. Su portavoz y exalcaldesa, Inmaculada Jiménez, acusó al alcalde de actuar “como comercial de la empresa” y ha pedido una consulta ciudadana. También denuncian que no se han presentado a la oposición informes técnicos completos, pese a que el ayuntamiento podría tener capacidad para frenar parte del proyecto mediante sus competencias urbanísticas.
Plataforma Stop Biometano Tomelloso
Este colectivo ciudadano, fundado recientemente, ha organizado reuniones informativas para advertir de los riesgos que, a su juicio, conlleva la planta: salud, suelo, contaminación, tráfico pesado y especulación. En su presentación pública, los portavoces han criticado la “falta de información fidedigna” y han puesto en duda a la promotora (Azora), calificándola de “fondo especulador”.
En una asamblea celebrada en Arenales de San Gregorio, más de 200 vecinos respaldaron su rechazo. Allí se expusieron estudios que apuntan a que solo un 5 % de los residuos tratados se convierten realmente en biometano, y el resto —el digestato— debe gestionarse cuidadosamente. Alertaron también de la posible concentración de residuos en la zona y del impacto reputacional para la viticultura local.
Asamblea de Izquierda Unida
Izquierda Unida (IU) en Tomelloso ha expresado numerosas reservas sobre el proyecto de la planta de biometano. Según su asamblea local, “hay más dudas que certezas” en torno a la iniciativa, y muestra un claro desacuerdo con su progreso en las condiciones actuales.
Máximo Florín (experto ambiental)
El profesor Máximo Florín Beltrán, de la UCLM, coincide en parte con los críticos: su principal preocupación es la escala del proyecto. En su análisis en Lanza denuncia que no se ha dado suficiente información pública para hacer un juicio riguroso, y que el modelo planteado podría no responder a una economía circular genuina, sino más bien a un negocio energético. Según él, solo una parte ínfima de lo que entra se convierte en biometano, mientras que el resto —el digestato— podría suponer retos para su gestión posterior.
¿Quién decide? El laberinto de competencias
Un punto central del debate es quién tiene la última palabra. El Ayuntamiento de Tomelloso alega que, aunque informa y mantiene reuniones, no ha firmado ningún convenio con la empresa promotora. Por su parte, la Junta de Comunidades es el órgano que debe autorizar la planta y declarar (o no) el proyecto como prioritario.
La delegada de la Junta, Blanca Fernández, ha insistido en que la construcción de la planta dependerá de “informes económicos y urbanísticos favorables” del Ayuntamiento, lo que deja cierta responsabilidad compartida.
Un pleno «movido»
Vecinos de Arenales de San Gregorio y miembros de la plataforma Stop Biometano irrumpieron en el pleno ordinario de noviembre de Tomelloso para mostrar su rechazo a la proyectada planta de biometano, colapsando el salón de plenos y dejando a decenas de personas fuera al grito de “¡No a la macroplanta!”. Cuestionaron que se trate de un verdadero progreso, reclamando mantener su modelo de vida y preguntando si “valen más los residuos de la macroplanta que la vida de los seiscientos vecinos de Arenales”.
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Benjamín de Sebastián, defendió el proyecto subrayando que actualmente 85.000 toneladas de residuos acaban en una balsa a cielo abierto en Campo de Criptana y que en la zona de los partidos judiciales de Tomelloso y Alcázar de San Juan se puede llegar al millón de toneladas de vinazas y aguas sucias, insistiendo en que “los residuos están aquí, no tienen que venir de ningún lado”.
El alcalde, Javier Navarro, enmarcó la planta en el Plan de Biometanización de la Junta, recordó experiencias previas de generación de biogás en Tomelloso y advirtió de que el Ayuntamiento no puede bloquear el proyecto sin incurrir en prevaricación, lo que no evitó que el pleno concluyera entre protestas y el anuncio de nuevas movilizaciones en la calle por parte de los vecinos de Arenales.
¿Y ahora qué?
El debate en Tomelloso es intenso y no parece que vaya a resolverse a corto plazo. Por un lado, los defensores promueven la idea de una industria limpia, circular y generadora de empleo; por otro, los escépticos exigen más datos, garantías y participación ciudadana.
Para que este proyecto avance con cierta legitimidad social, muchas voces coinciden en que se requieren, transparencia total, publicación de todos los estudios técnicos (residuos, impacto ambiental, tráfico, emisiones). Participación ciudadana: foros, comisiones o incluso consultas para que los vecinos decidan con criterio. Y un plan de seguimiento y control: protocolos claros para la gestión del digestato, del tráfico y del cumplimiento normativo.
El futuro de Tomelloso podría verse transformado por esta planta, si se gestiona bien, puede ser un ejemplo de transición hacia una economía circular; si no, podría consolidarse como todo lo contrario, en un modelo que genera más preguntas que soluciones.
