La Asociación de Afectados por la No Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal celebró este viernes una asamblea informativa en el Teatro Marcelo Grande de Tomelloso. En el acto se informó de que el proyecto del tercer del Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, donde de nuevo no se contempla ninguna reserva de agua con la que solucionar el problema.
El colectivo está formado por agricultores de 35 localidades de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca con un total de 1.600 expedientes de legalización. La asociación, creada en 2018, surgió para reclamar de las administraciones competentes la solución a un problema que se vienen arrastrando desde el 2008.
Participó en la asamblea el director General de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y asistieron a la misma, Francisco José Barato, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tomelloso, una representación del Grupo Popular en el Consistorio con su portavoz, Javier Navarro, a la cabeza, representantes de los municipios afectados, también de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de la zona y de las asociaciones agrarias.
La de Tomelloso ha sido la primera asamblea informativa tras el inicio de la pandemia del coronavirus. El presidente del colectivo explicó en los prolegómenos del acto que esperaban que en Plan de Cuenca del Guadiana se dotase una reserva para poder solucionar los expedientes no legalizados. “Pero nos hemos vistos desagradablemente sorprendidos al comprobar que el documento no contempla ninguna reserva para solucionar nuestros expedientes”.
Explicó Fernández que en el periodo de alegaciones del borrador ese documento “vamos a intentar movilizar a todos los ayuntamientos donde hay pozos de los nuestros para que presenten esas alegaciones, presionando a la CHG para conseguir una solución a la situación”.
El presidente apuntó que los usuarios de estos pozos no legalizados viven “una situación muy delicada. Estamos regando desde 1994 o 1995 que hicimos nuestros pozos”. Recordó Miguel Fernández que en el año 2013, con la disolución del Consorcio del Alto Guadiana, quedaron regularizados todos los expedientes de cultivos leñosos, unos 4.500, quedando pendientes todos los expedientes de agricultores profesionales (unos 1.400), precisamente, aseguró, los expedientes de aquellos agricultores que necesitan de sus pozos, por ser la agricultura su única fuente de ingresos. “Estamos regando desde entonces y hasta ahora nos habían dejado tranquilos, pero a partir del año pasado nos están viniendo sanciones y cierres de pozos que nos complican la vida”.
Aseguraba que “las palabras que nos da la Junta son buenas, pero tenemos un problema con la Confederación, que no va en la misma línea que el Gobierno regional”. En ese sentido, Miguel Fernández ha insistido en que hay que presionar todo lo que sea necesario para que se incluya en el Plan de Cuenca la reserva para poder solucionar sus expedientes.
