La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha recordado este viernes en una nota que está pendiente que la Audiencia provincial de Ciudad Real “resuelva sobre la procedencia del sobreseimiento acordado” por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso en el procedimiento penal para esclarecer el fallecimiento de 75 personas en el Centro residencial Elder de esta localidad
De esta manera, la fiscalía de la comunidad castellano-manchega ha respondido a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que el pasado 2 de febrero pidió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha documentación y más información de este caso, y también respalda la decisión del ministerio público del caso que, como el juez, consideró que no había quedado acreditada “la comisión de ilícito penal alguno”.
En concreto, señala que «la fiscal encargada del caso y su superior jerárquico» no recurrieron la resolución e impugnaron el pasado 18 de enero el recurso de las partes acusadoras a ese sobreseimiento, que ahora se encuentra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que está pendiente de resolución.
En la misma nota, la Fiscalía castellanomanchega hace referencia a la investigación de hechos, en la que se incoaron las diligencias previas 279/20 en dicho juzgado de Tomelloso, en base a la denuncia de la representación de los familiares de seis personas fallecidas en la citada residencia de ancianos Elder durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
«La denuncia, resumidamente, venía a manifestar que la responsabilidad del fallecimiento de un total de 75 personas en el centro Elder recaía en la actitud omisiva del director, dirigiéndose el escrito igualmente contra el patronato de dicho centro residencial como responsable civil”, recoge el comunicado enviado este viernes a los medios.
De igual modo, concreta que se atribuían dos graves hechos a la dirección del centro. «En primer lugar, la falta absoluta de medidas preventivas contra el COVID-19 a pesar de los requerimientos que le hacía el personal del centro», y en segundo lugar, «el abandono sin causa justificada de la residencia en los peores momentos de la crisis sanitaria, sin haber adoptado ninguna pauta ni decisión para enfrentarla, hechos que a juicio de los denunciantes podrían constituir diversos delitos de homicidio por imprudencia grave y de omisión del deber de socorro».
Lamenta las muertes
Tras recordar que la instrucción duró 13 meses, «y a pesar de la indudable gravedad de los resultados que se denuncian», la Fiscalía de Castilla-La Mancha «lamenta profundamente, y que se han investigado», y que el juez de instrucción decidió sobreser en una resolución el pasado 9 de diciembre «al considerar que no había quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno».
«Dicho auto era en sus argumentos compartido por la fiscal encargada del caso y por su superior jerárquico, por lo cual no se recurrió la citada resolución y con fecha 18 de enero se impugnó el recurso de apelación interpuesto por las partes acusadoras, de forma fundada, detenida y rigurosa, y siempre respetuosa, como no puede ser de otro modo, con los derechos de todos los intervinientes en la causa, y en especial de las víctimas y sus familiares, personados o no».
Por tanto, en la actualidad dicho recurso se encuentra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que resolverá sobre la procedencia del sobreseimiento acordado.
«El fiscal superior, como ya hizo la fiscal encargada del proceso, quiere reiterar que lamenta profundamente los fallecimientos de las residencias, en ésta y en todas las demás, al tiempo que comprende el dolor de las familias de los fallecidos, y expresa también el respeto absoluto a todos los familiares de las personas fallecidas en la residencia Elder y comprende perfectamente el interés de los denunciantes en conocer la verdad de lo sucedido, lo que se ha intentado conseguir durante la instrucción», concluye el comunicado.
