El Juzgado Contencioso-Administrativo de Ciudad Real ha condenado al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava a asumir los derechos profesionales y económicos, durante 14 meses, de las dos trabajadoras sociales que denunciaron a la entidad local tras su despido “indebido”, lo que que generará un coste para las arcas municipales de 48.500 euros, en concepto de pago de nóminas y de cuotas a la Seguridad Social de ambas trabajadoras, por parte del consistorio torralbeño.
Las trabajadoras pertenecían a la plantilla del Ayuntamiento de Torralba como trabajadora social y educadora de familia, y ambas eran las dos únicas integrantes de la plantilla de Servicios Sociales de Atención Primaria. Las dos desempeñaban su labor desde el año 2005, cuando la Consejería de Bienestar Social de la JCCM firmó el Convenio del Plan Concertado con el Ayuntamiento torralbeño, pudiendo así contar en exclusividad y todos los días de la semana con personal técnico propio, tal y como indican las propias trabajadoras en un comunicado remitido a Lanza.
“Tras el cambio de gobierno en Torralba, con la ‘popular’ María Antonia Álvaro como alcaldesa, el equipo de Gobierno renunció al convenio firmado con la JCCM despidiendo así a las dos trabajadoras alegando que, con la población con la que cuenta Torralba, no estaban obligados a pertenecer a dicho convenio, ya que consideraban que los 13.200 euros anuales que costaba a las arcas municipales era elevado”, señalan en el comunicado.
“La alcaldesa llegó a explicar, en declaraciones a la prensa, que la Delegación Provincial de Bienestar Social llegó a recomendarle la renuncia a dicho convenio. Sin embargo, tiempo después se conoció que ambos planteamientos han sido una falacia o total desconocimiento del tema por parte de la alcaldesa, ya que a pesar de la población censada en la localidad, la ley contempla que si existe demanda ciudadana y estudio técnico, Torralba sí puede adscribirse a dicho convenio, quedando claramente demostrado posteriormente, que el personal técnico de Servicios Sociales era uno de los más demandados por el ciudadano”, continúa la el comunicado.
Ambas trabajadoras inciden en que el coste para el Ayuntamiento de Torralba era “ínfimo”, puesto que los costes se repartían entre el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Bienestar Social y el propio Ayuntamiento, a lo que se le sumaba una subvención de la Diputación Provincial, lo que suponía un coste de 13.270 euros anuales para el Ayuntamiento, “unos cuatro euros por torralbeño al año”.
Despido sin informarse
El despido de las trabajadoras se produjo el 31 de diciembre de 2017, sin informarse previamente a través de los técnicos de la Delegación Provincial de Bienestar Social de cuál era la labor desempeñada por ambas trabajadoras, el volumen de trabajo, etc. “lo que deja ver la falta de interés y desprecio ante el trabajo desarrollado durante más de una década”, lamentan las trabajadoras.
Tras el despido, las dos trabajadoras interpusieron demanda ante el Juzgado Contencioso-Administrativo dictándose sentencia favorable a ambas, reconociendo que la relación laboral debía subsistir hasta que el Ayuntamiento cesara correctamente a las interesadas, por lo que la entidad local ha tenido que asumir no solo el 30% cómo se ha venido haciendo según el convenio, sino el 100% del coste económico de las dos trabajadoras, cantidad que asciende a 48.500 euros, que incluye el sueldo y cotizaciones a la Seguridad Social, de todo el año 2018 y los dos primeros meses del año 2019, y todo ello “sin haber contado con el trabajo de ambas profesionales”.
Por último, las trabajadoras comentan que los Servicios Sociales de Atención Primaria de la localidad están siendo cubiertos durante todo este período por personal de la Junta de Comunidades que “solo atienden a la población un día en semana”. Una decisión de la alcaldesa que “económicamente le ha salido muy cara a Torralba”.
