Belén Rodríguez
Ciudad Real
La empresa pública Tragsa tiene previsto despedir en la provincia de Ciudad Real a 16 trabajadores, algo más de la mitad de los 33 incluidos en el conjunto de Castilla-La Mancha, en el polémico ERE que afectará a 1.336 empleados de una plantilla cercana a los 7.000.
Se trata del mayor expediente de regulación de empleo que una empresa pública ha aplicado en España y está cargado de polémica. La empresa lo planteó en septiembre de 2013 justificando pérdidas y llegó a hacer despidos, pero los sindicatos recurrieron y la Audiencia Nacional les dio la razón, por lo que lo tuvieron que paralizar.
En noviembre del año pasado sin embargo el Tribunal Supremo respaldó el recurso de la empresa y esta semana han empezado a llegar los primeros burofax comunicando despidos. “Muchos afectados recibieron en Nochevieja la indemnización en un gesto muy feo de la empresa”, critica Alejandro Jiménez, secretario de Organización en Castilla-La Mancha de la Federación de la Construcción y Servicios del sindicato Comisiones Obreras que insiste, como han hecho el resto de sindicatos, en que el ERE ahora no está justificado.
“Los datos económicos han cambiado. La situación de pérdidas no existe e incluso la empresa ha contratado hasta a mil eventuales en el último año y ha aumentado el 60% de su producción”. Jiménez dice también que se ha hecho con unas reservas voluntarias de 261 millones de euros.
Otro dato que refuerza a los representantes de los trabajadores, que quieren que el Gobierno se siente a negociar, es que según denuncian se ha producido un esfuerzo desigual entre directivos y el resto de trabajadores del grupo Tragsa, “hay más de 500 directivos que cobran al año 100.000 euros, es una situación chirriante”.
En los ceses de contratos (algunos ya se han producido) están todas la categorías laborales: técnicos de obra, maquinistas, administativos, oficiales y mandos intermedios.
Agotada la vía judicial en el Supremo, los representantes de los trabajadores no se resignan a paralizar la aplicación del ERE.
Lo primero que harán es plantear proposiciones no de ley para que los gobiernos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, reprueben los despidos. Solicitarán la readmisión de los trabajadores a los que ya se les ha rescindido el contrato e instarán al Gobierno de España a que abra una mesa de diálogo en la que se pueda negociar “pero sin despedidos”.
Además se han convocado dos jornadas de huelga a nivel nacional para los días 26 de este es mes de enero y 3 de febrero y a nivel de Castilla-La Mancha el próximo lunes 18 está prevista una reunió del comité autonómico en Toledo a la que seguirá una concentración en la plaza de Zocodover. El 21 se celebrará una asamblea autonómica de todos los trabajadores.
En estos momentos los trabajadores fijos en el grupo Tragsa son de 3.800 y los eventuales 2.900, “el ERE de más de 1.300 personas es un gran descalabro. Lo que han hecho es sustituir empleo estable por precario y temporal, al amparo de la reforma laboral”.
En la provincia de Ciudad Real Tragsa emplea a 148 trabajadores en diferentes áreas, parte de ellos en los parques nacionales de las Tablas y Cabañeros. En Toledo también hay trabajadores del grupo Tragsa en la finca pública Quintos de Mora.
