La semana pasada Policía Nacional y Guardia Civil presentaron una espectacular operación conjunta en Ciudad Real contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la que fueron liberadas cinco mujeres, captadas por una red internacional que las obligaba a prostituirse en viviendas de Valdepeñas y Granada.
La investigación, que partió de la denuncia de una víctima en otra ciudad, ha sido la primera contra la trata en la provincia (otras veces se han investigados hechos aislados), y un ejemplo de la mayor especialización de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir la forma de violencia más extrema contra las mujeres, que en pandemia ha consolidado lo que desde hace unos años es tendencia: la trata no se ejerce en clubes, sino en pisos y viviendas particulares, más difíciles de inspeccionar.
Lo cuenta el inspector de la Policía Nacional Alberto Maján, jefe del recién creado grupo operativo contra la Trata de Personas en la comisaría de Ciudad Real, adscrito a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. “Se creó hace un año porque se vio necesario que hubiera agentes especializados. Investigamos sobre todo la trata enfocada a la explotación sexual, pero también delitos conexos contra los derechos de los trabajadores, explotación laboral o inmigración irregular”.
El nuevo grupo “no desfallece”, apostilla Maján, pese a que se están topando con la dificultad añadida de investigar a las mafias en lugares en los que no pueden hacer inspecciones, “primero tienes que detectar qué vivienda es, mientras que en clubes abiertos al público es más fácil entrar y hacer controles”.
Las mujeres no pueden salir y denunciar
No es un delito sencillo de perseguir, sobre todo porque lo más importante es la seguridad de la víctima, y claro, tampoco es fácil acceder a ellas. “Casi nunca nos viene directamente una víctima de trata a denunciar, y si contactan con nosotros es a través de las ONG porque estas asociaciones nos ponen tras la pista de un lugar”.
Las páginas web en las que se anuncia a mujeres que ejercen la prostitución es otra herramienta para seguir la pista de las redes criminales, “chequeamos cientos de páginas y en ocasiones logramos dar con el piso o el lugar en los que se está prostituyendo a mujeres e iniciamos una investigación”.
Pero incluso llegar al bar que encubre la prostitución y posiblemente situaciones de trata, o al piso, no es ni la mitad de complicado, una vez dentro lo difícil sigue siendo contactar con la mujer explotada. “Es un mundo cerrado, opaco, es difícil que la víctima confíe en la policía, es de los delitos más difíciles de investigar”.
El 95% son mujeres extranjeras
El panorama provincial que describe este inspector de policía sobre las dimensiones de la trata y el perfil de las víctimas no difiere, según dice, del resto del país. “El 95% son mujeres extranjeras, de Colombia, Venezuela, Paraguay; también de Nigeria y Marruecos, y de Europa del este, en menor medida”.
Ejercer la prostitución no es delito, hasta 2010 solo había un artículo en el Código Penal que castigaba a la persona que se lucraba con la prostitución ajena. Luego está el artículo 177 que es el que recoge el delito de trata.
Material normativo existe, y operaciones, como la ‘Malus Somnia-Meso’ (la de octubre en Valdepeñas) u otra reciente de matrimonios forzados en Alcázar, pero ¿qué pasa cuando una víctima es liberada en una de esas redadas policiales? Muchas organizaciones denuncian la desprotección y el miedo a verse solas, sin papeles y en un país extraño. Puede que incluso hayan desarrollado el síndrome de Estocolmo y vuelvan bajo el ‘amparo’ de la red.
“A las víctimas no se las expulsa”
“Las víctimas de trata que o van a la comisaría o a una ONG se pueden acoger a dos artículos, de la ley de extranjería y el reglamento de extranjería. Se les da un plazo de treinta días de reflexión para decidir si quieren seguir colaborando con las autoridades para investigar ese delito. De entrada se paralizan todos los expedientes por expulsión que existieran, y no se las expulsa”, afirma el inspector.
Cuando una víctima colabora se le facilita la autorización de residencia y trabajo no tiene por qué temer a su situación administrativa. “Además gracias a las ONG se la acompaña en todo momento, y si no tiene medios, se le busca algún recurso de acogida, de nada sirven estas operaciones si no conseguimos sacarlas de ese mundo de explotación, la prioridad son ellas, más que hacer detenciones incluso”, añade.
El ciudadano sí puede ayudar
Con las ONG como aliadas, el inspector pide también la complicidad social para acabar con un delito “que despoja de todos sus derechos fundamentales a una víctima, una mercancía para la organización criminal”. No hace falta ni formalizar una denuncia, basta con llamar o dejar información fiable en el número 910 50 90, escribir a trata@policia.es , o dirigiéndose a cualquier comisaria.
El ‘interlocutor para la trata’ de la Guardia Civil
La situación de la trata de mujeres y cómo se abordan las investigaciones en la provincia que describe el inspector Maján coincide con lo que dice el teniente de la Guardia Civil Miguel Ángel Romero, jefe de sección de la Policía Judicial de la Guardia Civil (con tres grupos diferenciados, entre ellos el Equipo Mujer Menor (Emume), y desde hace poco tiempo interlocutor social en materia de Trata de la comandancia de Ciudad Real.
“Es verdad que la pandemia ha cambiado la situación, con los confinamientos y los bares cerrados, ha habido un traslado de la prostitución a los pisos y casas de alquiler, eso ha dificultado nuestro trabajo, al final son domicilios de las personas que viven ahí y no es fácil acceder, mientras que el consumo de prostitución ha seguido en los mismos términos, no se ha reducido por la pandemia”, explica.
“Un domicilio no es un local, la ley es ambigua. Antes trabajábamos mucho en clubes, ahora nos vamos a reinventar y abordar nuevas líneas de investigación, no podemos ir a inspeccionar domicilios, tenemos que plantearnos estas investigaciones de otra forma”.
A la Guardia Civil tampoco van las víctimas de trata a denunciar, pero sí cuentan con información de ciudadanos particulares, decisiva para iniciar investigaciones. “Normalmente nos llegan las denuncias a través de las ONG. Ciudad Real no es tan grande, al final mucha gente conoce a un guardia civil y nos cuenta, no hay denuncia formal pero trabajamos con cualquier pista”.
El teniente Romero admite que llegan pocos casos, “hemos notado una pequeña curva de decaimiento, y hay pocas sentencias condenatorias por estos delitos, por eso nos hemos actualizado para intentar abordarlo de otra forma”.
Parte de ese nuevo enfoque policial se vio en las jornadas ‘Mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual: derechos y asistencia’, organizadas por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en colaboración con la Universidad regional en Ciudad Real. En ese encuentro Policía y Guardia Civil compartieron mesa y debates con las organizaciones no gubernamentales, profesores universitarios, estudiantes, instituciones y sociedad en general para estar más visibles y receptivos.
“Cuando investigamos un caso de trata no solo consiste en conseguir pruebas para incriminar a un malhechor, estos delitos requieren de un plus ético, aquí lo importante es conseguir la protección de la víctima”, remarca el teniente.
Y claro, no es fácil, “el buen investigador de trata debe conocer al máximo las circunstancias de la víctima, no es lo mismo una mujer paraguaya que otra que venga de África, víctima del vudú; y dentro del mismo país la situación de una mujer de la etnia guaraní no es igual que la de una mujer de Asunción, por ejemplo, tenemos que conocer las características de las víctimas”.
Lo que no ha cambiado es el gancho para captar a estas mujeres que emplean las mafias internacionales. El principal es la oferta de trabajo, pero la realidad es que cuando llegan aquí les retiran los papeles, la libertad de movimientos, y las obligan a trabajar para pagar la supuesta deuda contraída con la organización que no acaba nunca, en ocasiones recurriendo a las drogas para doblegar su voluntad. Y si alguien se rebela, amenazan a su familia.
