El sindicato UGT celebra la absolución de los funcionarios municipales acusados de falsedad documental en el caso de Aguas Alcázar, así como el archivo de la querella que el exsecretario presentó contra la alcaldesa y una funcionaria. En nota de prensa, señala que “ambos casos han sido instrumentalizados de forma política, sectaria y como arma arrojadiza, contra el Equipo de Gobierno”.
Así pues, desde UGT consideran que el caso no solo ha estado instrumentalizado contra la alcaldesa, sino que también contra la actual secretaria accidental, por parte de algún partido de la oposición, cosa que su opinión es “del todo inaceptable”.
Tras señalar la exposición que han tenido estos funcionarios municipales a “estados de depresión” y “otro tipo de acosos laborales o profesionales”, el sindicato concluye: “señores políticos, en las contiendas electorales dejen hacer su trabajo en paz a los empleados y empleadas municipales”.
El desarrollo de los casos
En nota de prensa, UGT recuerda que con fecha 21 de enero de 2019, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, absolvió a los dos funcionarios de Alcázar de San Juan, acusados por la Fiscalía de falsedad documental, por certificar unas obras de eliminación de barreras y mejora de las condiciones higiénicas en la zona del Mercadillo, antes de que las mismas fueran ejecutadas.
En su decisión, la sala considera que las firmas de los dos funcionarios fueron meros requisitos en el procedimiento administrativo; de manera que queda probado que las certificaciones se emitieron con anterioridad al inicio de las obras con la clara intención de no perder la financiación subvencionada. Las obras se ejecutaron de forma satisfactoria, y queda descartado el enriquecimiento o desviación de fondos. La Audiencia, rechaza la acusación, y asegura que no hubo infracción Penal.
Por otro lado, con fecha 30 de enero de 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, número 3 de Alcázar de San Juan, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que el funcionario de carrera de habilitación nacional C.L.G., presentó en 2017 acusando a la alcaldesa y a la actual secretaria del Ayuntamiento, de un presunto delito de acoso en el ámbito laboral y prevaricación. Se incorporó a la secretaría el 3 de noviembre de 2016 y tuvo baja por enfermedad el 1 de diciembre del mismo año “por un trastorno de ansiedad” (no llegó por tanto, ni a un mes de servicio efectivo en su puesto de trabajo).