Según detalla el secretario de regional de Organización de FeSP UGT, José Manuel Pinillos, esto significa que por diferentes «excusas» de las empresas los 1.400 trabajadores del transporte sanitario de estas provincias no percibirá la subida retributiva pactada y firmada «mientras las propias empresas tratan de desviar su responsabilidad mirando a la administración cuando son ellas las que han anunciado que no pagarán».
Pinillos recuerda en nota de prensa que el convenio se publicó en el DOCM el pasado 11 de febrero como resultado de la lucha sindical durante meses y del acuerdo final con el Sescam para garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector.
UGT tacha las explicaciones de las empresas en prensa de «absurdas y sin ningún fundamento», especialmente por parte de la empresa de Cuenca. «En el caso de la empresa de Cuenca conviene recordar que los términos económicos en los que se hicieron cargo de la provincia fueron los que ella misma ofertó, es decir, la empresa puso el precio que se le abonaría y aun así cuando llegó, efectuó un descuelgue de en torno al 10% en las retribuciones alegando que les habían engañado».
«La empresa de Cuenca ha sido en todo momento la que ha establecido sus propios términos económicos y los costes asociados al servicio que presta por tanto la amenaza ahora de no asumir el pago del convenio solo permite acreditar su incapacidad para gestionar el servicio, ya que ni siquiera ha sido capaz de calcular el coste que tendría aplicar el convenio», afirma Pinillos.
Por este motivo, UGT, tras solicitar reunión de la Comisión Paritaria del convenio y no haber obtenido respuesta por parte de las empresas, ha iniciado los trámites de interposición de un Conflicto Colectivo. «Es inadmisible que empresas que están prestando un servicio de la administración no apliquen el convenio colectivo de referencia, máxime cuando este convenio ha sido firmado por los responsables de esas mismas empresas».
UGT recalca que la principal reivindicación de los trabajadores a día de hoy es que se cumpla de una vez el convenio, de aplicación desde el 1 de enero de 2020, y que esta situación les expone nuevamente a incertidumbre y movilizaciones.
