Un total de 282 de trabajadores -entre funcionarios y personal laboral- de las dos prisiones ubicadas en la provincia de Ciudad Real, Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan, están llamados desde este miércoles a la primera huelga general convocada por los sindicatos del sector, para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales y salariales, y con el objetivo de que se retomen las negociaciones con el Ministerio del Interior.
Al parecer, entre las plantillas de estas dos prisiones ciudarrealeñas “hay intención” de sumarse a las movilizaciones, que se desarrollarán este miércoles 24 y el 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre, debido a “las altas cargas de trabajo” que suponen los 400 internos de la cárcel de Herrera de La Mancha y los 80 de la de Alcázar, además de atender con personal a un Centro Inserción Social (CIS).
Antonio González, en nombre de la plataforma sindical provincial formada por CCOO, ACAIP, CSIF y UGT, ha expuesto las “lamentables” condiciones del colectivo y se ha quejado de que “seamos el patito feo” de la Administración.
“El sector de prisiones está en huelga”, ha indicado, porque la Administración penitenciaria “machaca y ningunea al colectivo de trabajadores”, que atienden a una población con el 25% de afectados por enfermedades psiquiátricas y ratios de dos funcionarios por 100 reclusos.
Ha denunciado que desde el Gobierno estén privatizando servicios como el de la Limpieza y Mantenimiento, mientras que las vacantes de este personal que no se reponen (a nivel nacional 3.400) por la congelación durante cinco años de las ofertas públicas de empleo (OPE).
Ha reclamado “medidas de choque” en varios ámbitos, ya que “el personal está envejecido, con una media de más de 55 años”, y “está mal retribuido”, con diferencias salariales entre territorios de hasta 700 euros mensuales.
Acompañado de Natalia Plaza, de Csif, Javier Ortega, de Acaip, y Joaquín García, de CCOO, el responsable federal de Prisiones de UGT ha pedido soluciones “para un conflicto latente” que, a su juicio, ha estallado “después de la Secretaría de Estado alcanzara unas subidas salariales de 125 euros mensuales cada año durante 2019, 2020 y 2021, que se han quedado en standby”.
“El malestar, según González, es generalizado” porque “nos han puesto el caramelo y nos lo han quitado, y no nos lo merecemos”, teniendo en cuenta los logros que han alcanzado otros cuerpos públicos como la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según ha dicho, la convocatoria será “la primera huelga general al Gobierno de Sánchez” y se suma al proceso de movilizaciones desde principios de año para denunciar la situación de “deterioro del servicio público de prisiones”, y para reclamar “igual salario a igual trabajo”.
También han denunciado la falta de personal laboral especializado en los servicios sanitarios y de cocina de ambas prisiones ciudarrealeñas.
