La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se ha reunido con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Sostenible, una reunión a la que ha asistido Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, acompañado de compañeros de Valdepeñas, viticultores asociados a la DO.
La organización agraria solicitó esta reunión para conocer de primera mano cómo se está desarrollando la gestión por parte de la Consejería, ahora que se cumple un año desde que se hicieran cargo de las funciones del órgano de gestión de la DO Valdepeñas, así como el control sobre expedición y entrega de contra etiquetas. Desde UPA Castilla-La Mancha se valora el trabajo que está llevando a cabo esta Dirección General concentrando sus esfuerzos en garantizar la trazabilidad de los productos.
Durante la reunión se han explicado los trabajos en bodega y los aforos en campo que se están realizando. Desde UPA insisten en que, “valorando el trabajo de la Consejería, para esta campaña se hacen imprescindibles los aforos de campo previos a la vendimia, y así confirmar la realidad que existe en el campo”. Una realidad tozuda: la sequía y la falta de precipitaciones hace que, en los primeros días de vendimia, sobre todo en las parcelas de secano, se aprecie una disminución de cosecha tremenda en comparación a un año normal, la más baja en 20 años, tal y como indicó la Consejería de Agricultura. “Situación muy distinta a la que exponen algunos de los industriales de esta DO, quienes, hace unos días, insistían que no habría reducción de rendimientos”. Por este y otros motivos, los viticultores demandan como fundamentales los controles y aforos de campo previos a la vendimia para así garantizar aún más el proceso de trazabilidad del producto.
Desde UPA Castilla-La Mancha se considera que la reducción de cosecha, sumada a la disminución de existencias con respecto al año anterior, unido al buen ritmo de la comercialización, debería de reflejarse en un incremento significativo en los precios. Un aumento sobre los contratos que, a día de hoy, están firmando los industriales, “que no son acordes con la situación y que no cumplen con la ley de la Cadena, pues no garantizan los costes de producción”.
Los viticultores denuncian, asimismo, que no exista una verdadera negociación de precios entre industria y viticultores, sino una imposición unilateral; “ante la necesidad de vender un producto perecedero se coacciona a los agricultores con la firma de un contrato con la cláusula: este precio garantiza los costes de producción”.
“Es un año de bajos rendimientos; los viticultores tienen que cubrir costes como indica la ley. Hay una buena salida de los vinos, con pocas existencias, y buena comercialización. Es razonable y lógico que la industria deba de compensar los costes de producción de los viticultores”, han indicado desde la organización agraria quienes, además, con perspectiva estatal, se sigue demandando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dote de más presupuesto y personal a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario), como en cualquier otro departamento, para que la ley de la Cadena Alimentaria se cumpla como debe ser. “En UPA nos creemos esta herramienta, y por eso pedimos al Ministerio que dote de más medios para que su cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria sea estricto y generalizado”.
La organización agraria incide en que, además de la herramienta de la ley de la Cadena Alimentaria, los viticultores disponen de la aplicación de análisis de costes de producción generada por la Interprofesional del Vino. “Animamos a los agricultores a usarlas, tanto la aplicación para calcular los costes de producción, como la ley de la Cadena Alimentaria, porque está en juego su trabajo diario”, concluyen desde UPA.
