UPA celebra que los inspectores de la AICA estén vigilando las entradas de uva en bodegas

Julia Yébenes Ciudad Real
Un momento de la reunión celebrada esta mañana en Madrid / Lanza

Un momento de la reunión celebrada esta mañana en Madrid / Lanza

Dirigentes y responsables del sector Vitivinicultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han trasladado este martes a Gema Hernández, directora general de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la necesidad de que intervenga para garantizar precios justos en el sector vitivinícola “ante posibles prácticas fraudulentas” en la compraventa de la uva “por parte de la industria”

El responsable de Vitivinicultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Alejandro García-Gasco, ha celebrado que medio centenar inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) estén controlando estos días las entradas de uva en bodegas, coincidiendo con la plena generalización de la vendimia.

Así se lo ha trasladado a García-Gasco la directora general de esta entidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Gema Hernández Maroñas, en una reunión que han mantenido en Madrid, en la que han hablado de estas tareas de vigilancia en zonas vinícolas como Castilla-La Mancha, para “hacer que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria en las bodegas y que haya contratos con precios y firmados”.

De estos controles, la AICA está recibiendo “denuncias y quejas”.

El dirigente agrario, que ha estado acompañado por el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el secretario regional de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha planteado en un encuentro “cordial y de buen trato” la necesidad de garantizar precios justos en el sector vitivinícola “ante posibles prácticas fraudulentas” en la compraventa de la uva “por parte de la industria”.

También han solicitado que se incluya en la Ley de Cadena el “fortalecimiento del régimen sancionador y la publicación de las penalizaciones, con el fin de que las bodegas den a conocer los precios de la materia prima desde el inicio de la campaña y “no imponga a los productores cotizaciones a la baja”.

En este sentido, UPA aboga por la inclusión en la ley de contratos homologados que respalden las operaciones de venta de la uva y otros productos alimentarios para frenar “los abusos que seguimos sufriendo los productores”.

Según ha explicado García-Gasco ven necesaria la habilitación de un registro público de los contratos y un sistema de arbitraje que controle las cláusulas recogidas en los mismos por ambas partes.

Los responsables de este sindicato agrario estarán “vigilantes” del cumplimiento de la normativa, por lo que tampoco dudarán en acudir a la Comisión de los Mercados y la Competencia para denunciar “posibles pactos entre los dos grandes grupos bodegueros de la región -Solís y Vinartis- (en Valdepeñas representan el 80% de la producción) a la hora de fijar los precios”.

“Nuestros servicios jurídicos van a estudiar, ha relatado, todas las operaciones para poner orden y transparencia en este sector”, bajo el amparo de una ley “que tanto trabajo nos ha costado impulsar”.

De la misma manera, han trasladado a la directora de la AICA “un cambio profundo” en dicha ley “para acabar con la venta a pérdidas. Ese tema “debe abordarse desde la norma”, al igual que debe existir la trazabilidad del precio, que reflejara con “transparencia” los pagos y los costes de producción, que “en la mayoría de cultivos no se cubren”.

En el caso de la uva, “no entendemos porqué el año pasado no hubo problema con los precios y este año hay falta de transparencia y posible especulación”, ha comentado, a la vez que ha denunciado “prácticas abusivas” al tratarse de un producto perecedero que los agricultores “tienen prisa en recoger”.

Labor de control

Los inspectores de la AICA realizan una labor de control “en todos los sectores, según la agencia, y a todos los agentes que intervienen en las relaciones comerciales de la cadena”,  así como se ocupan de la tramitación de expedientes, investigación de denuncias recibidas, y de alegaciones presentadas por las empresas objeto de vigilancia.

Según el balance de 2017, la agencia realizo en cuatro años 425 inspecciones en Castilla La Mancha, 287 en el sector vitivinícola, un 43% de los controles en España y un 67% de todas las inspecciones de la comunidad autónoma.