El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se ha reunido en Ciudad Real con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda; una reunión de trabajo donde se han abordado diversas problemáticas que afectan a los regantes y agricultores de la cuenca. Así, Morcillo ha explicado al presidente de la CHG que existe un compromiso entre el gobierno de España y el de Castilla-La Mancha para poner agua a disposición de los regantes del Alto Guadiana y de esta manera regularizar lo que está pendiente desde el año 2008.
En concreto, Julián Morcillo se ha referido a los cerca de 1.700 expedientes de agricultores profesionales pendientes; un problema manifiesto y que ha sido una reivindicación histórica de la organización los últimos 20 años prácticamente. “Esta situación viene derivada de la tremenda sequía de los años 1994/95 y tras luchas y movilizaciones de la UPA, con la implicación de otros agentes sociales, se llegó al año 2008 con la puesta en marcha del PEAG, Plan Especial del Alto Guadiana, a los dos procedimientos de regularización de cultivos leñosos y de agricultores profesionales”. Es decir, cuestiones que vienen de lejos.
En este sentido, el responsable agrario ha recordado que el proceso de regularización de cultivos leñosos se concluyó con la compra de derechos de agua y puesta a disposición de estos expedientes de 14,5 hectómetros cúbicos. “Mientras que los expedientes de agricultores profesionales llevan en el cajón de la Confederación diez años”, algo que la UPA ni entiende ni quiere entender. “Se dio una solución a las explotaciones de leñosos, independientemente de que los titulares fueran agricultores o no, mientras que no termina por dar solución a los agricultores profesionales que debían de haber sido los primeros atendidos”.
La UPA ha mostrado en esta reunión con Samuel Moraleda la disposición a trabajar con la Confederación y con los gobiernos nacional y autonómico en la búsqueda de una solución a estos expedientes; “entendiendo que existen posibilidades de acometer esta solución”. Eso sí, advierten en UPA que “exigiremos que los agricultores profesionales tengan un trato, como mínimo, igual a quienes no lo eran”, ha remarcado Julián Morcillo.
Durante esta reunión de trabajo se han tratado temas diversos relacionados con el agua en la región como los expedientes de transferencia de derechos entre particulares, las posibilidades que genera la franquicia del 10 % del derecho que se queda la Confederación, así como el estado de las obras y posibilidades que representa la puesta en marcha de la tubería manchega para suministrar agua de calidad para abastecimiento a día de hoy de unas 120.000 personas.
Otros aspectos que se han tratado han sido el planteamiento para el plan de extracciones del próximo año hidrológico 2018/19, que se debe aprobar en los próximos meses y se hará muy de acuerdo a las decisiones que tomen las Juntas Directivas de las distintas Masas de Agua. Asimismo, Morcillo y Moraleda han hablado del recurso que UPA planteó ante el tribunal supremo del anterior proceso de planificación del Plan Hidrológico de Cuenca, pendiente de sentencia. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de abordar el nuevo proceso de planificación 2021/2027. En este sentido, la organización agraria considera necesario y clave trabajar una estrategia para valorar de forma más acertada los recursos disponibles de las masas de agua.
En Ciudad Real se ha valorado que por parte de la Confederación se esté dispuesto a valorar la modificación de los planes de Ordenación de las Masas de Agua planteando la posibilidad de ir a planes de extracción de cuatro años. Asimismo, se valora que en los planes de ordenación actuales se corrija una injusticia que se venía cometiendo en los últimos años y se puedan plantear aprovechamientos para usos domésticos, con consumos inferiores a 500 metros cúbicos y que puedan ser atendidos. Se trata de una demanda de muchos agricultores que UPA ha recogido en numerosas ocasiones pues así se solventaría el inconveniente de aquellos que quieren poner en marcha pozos en sus naves para utilizarlos en usos diarios como las necesidades de los tratamientos fitosanitarios.
