Tanto la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL) como la Cooperativa Vinícola de Valdepeñas (COOVIVAL) consideran que un plan extractivo de estas características, en su día ya rechazado tanto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como por los tribunales de Justicia, compromete seriamente la marca de calidad de sus productos y el producto mismo, de forma innecesaria, al ser asociados a una actividad minera tremendamente agresiva y contaminante -especialmente en las fases de concentración y refinado- sobre las actividades productivas, el medioambiente y la salud de la población.
Así, exponen que “no hay que olvidar que este proyecto otorgaría determinados derechos a Quantum y supone además la antesala de un proyecto de explotación de consecuencias imprevisibles no sólo para la zona afectada en Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela, sino para buena parte de la provincia ante futuros planes de ampliación de la compañía. Bajo ningún concepto podemos asumir ese riesgo cuando la marca y la imagen de nuestras producciones están ocupando puestos de referencia en los exigentes mercados no sólo de Europa sino en países externos a la UE en clara competencia con otras zonas y denominaciones”.
En este sentido les preocupa “profundamente el impacto que este proyecto minero tendría en nuestra actividad productiva, comprometiendo la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos. Además, el riesgo para los ecosistemas y los posibles conflictos sociales derivados de esta iniciativa extractiva resultan sencillamente inaceptables”.
Los responsables de la Administración regional, apuntan, deben tener presente que un proyecto de estas características no es extrapolable a otro tipo de proyectos industriales como los energéticos, dado que una actividad minera como la prevista comporta a medio-largo plazo múltiples impactos negativos a nivel social, ambiental, económico y territorial como así demuestra la historia y evolución de este tipo de iniciativas en otras zonas y regiones europeas.
“Consideramos que no se debe cambiar un modelo productivo eficiente y consolidado, que cohesiona a la sociedad, funciona y genera empleo por otro totalmente incierto, que resulta problemático desde cualquier punto de vista y en último término sólo genera despoblación y depresión económica cuando se abandona la actividad”, exponen.
Por otro lado, afirman que es público y notorio el hecho de la falta de credibilidad técnico-financiero empresarial y el incumplimiento del requisito de solvencia establecido en la vigente Ley de Minas se corresponde con la denegación inmediata de un proyecto de estas características como certeramente han venido indicando tanto cooperativistas, asociaciones e instituciones, máxime cuando ni tan siquiera se puede cumplir con el principio básico de “quien contamina, paga”.
Todas estas cuestiones confluyen y fundamentan la oposición del sector agropecuario, de colectivos sociales y fundaciones, de partidos políticos, de ayuntamientos y otras instituciones, y también de las entidades agroalimentarias a las que representamos. Por eso, como miembros comprometidos con el bienestar de la comunidad y el magnífico entorno natural que nos rodea y cuida de nuestra gente, solicitamos a la Consejería de Desarrollo Sostenible que se niegue rotundamente aprobar un proyecto que claramente resta más que aporta. Porque es fundamental proteger la producción agrícola y el equilibro social que tanto nos beneficia.
Sólo así se podrá preservar el entorno y unas actividades económicas tradicionales que aseguran un futuro sostenible para las generaciones venideras, esgrimen desde COLIVAL Y COOVIVAL.