Como otros años al acercarse la temporada de vendimia en nuestra tierra, siendo una de las zonas vitivinícolas más importantes del país, no ha estado exenta de polémica marcada por el constante enfrentamiento entre industriales (bodegueros) y productores (agricultores) que viene arrastrándose de lejos.
La publicación de la primera tablilla de los precios de las diferentes variedades de uvas por Félix Solís, la principal industria vitivinícola, ha generado el consiguiente enfado de los pequeños y medianos agricultores organizados en las diferentes organizaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG. Estas consideran que los precios ofrecidos por Félix Solís, y que al ser la bodega más grande influirá en el resto, son ridículamente bajos teniendo en cuenta la escasa producción de uva de este año y el aumento de ventas de vino producido por Félix Solís en plena pandemia.
Por su parte, Félix Solís ha asegurado en los diferentes medios que ha subido un 15% el precio de la uva respecto del año pasado, aunque no señala que el pasado año los precios cayeron más de un 40%. Recientemente ha ofrecido una subida de precios que ha sido calificada por las organizaciones agrarias como “pírrica”, continuando el paro de vendimiadores así como con las tractoradas y movilizaciones.
Desde el núcleo comarcal del Partido Comunista de España en Valdepeñas, Manzanares y La Solana, localidades afectadas por el conflicto queremos señalar lo siguiente:
- Consideramos a Félix Solís el principal responsable de la situación actual con sus prácticas monopolísticas que quieren subyugar a los pequeños y medianos agricultores, saboteando todos los mecanismo de mediación existentes entre productores e industriales. Recordamos que Félix Solís, a pesar de haber obtenido un 15% más de beneficios en plena pandemia, no solo sigue sometiendo a estas prácticas a los agricultores, sino que es parte del sector “duro” de la patronal vitivinícola que mantiene bloqueado toda negociación de un convenio colectivo con sus trabajadores.
- El que los principales mecanismos de regulación y mediación entre agricultores e industriales vitivinícolas, como es el caso de la DO del vino de Valdepeñas, se encuentre totalmente paralizado por las continuas disputas y bloqueos, es una parte importante del problema. La Junta de Castilla-La Mancha debe de hacerse cargo de una vez del asunto y establecer un nuevo Consejo Regulador de la DO conforme a criterios democráticos y equitativos entre las partes.
- Es necesaria la intervención estatal para hacer frente a estos chantajes, ya sea regulando un mínimo de los precios de la uva, creando empresas comercializadoras públicas con precios consensuados y/o fomentando la economía social, especialmente en lo que se refiere en las cooperativas de productores.
