La empresa minera Quantum Minería, S.L. ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como ya denunció el Grupo Municipal de Izquierda Unida- Ganemos Valdepeñas, una petición de investigación con el fin de efectuar sondeos de las aguas subterráneas en la localidad de Torrenueva, a pesar de que ha sido denegada por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la autorización ambiental de la explotación de tierras raras en la zona.
La parlamentaria Eva Sempere preguntará al gobierno por la sostenibilidad de la extracción de agua, ya que la empresa quiere extraer un máximo inicial anual de 87730 metros cúbicos de agua, en una masa de agua declarada sobreexplotada desde hace más de 30 años.
A su vez preguntará sobre la conveniencia de la autorización de extracciones para una actividad perjudicial para el medio ambiente y la salud de los habitantes de la comarca y cómo se garantizaría que en el caso de la utilización de ese agua para el lavado de la monacita no afecte a las salud de las personas y animales del entorno a corto y largo plazo, ni contamine las aguas subterráneas.
El PP continúa alimentando la Minería de Tierras Raras en el Campo de Montiel
Para la coordinadora local de IU en Valdepeñas, Juana Caro, no se entiende que el Ejecutivo Central del Partido Popular siga sin poner límites a este tipo de actividad. “Es ilógico e inapropiado que se tramite permiso de investigación de las aguas subterráneas si ya tienen denegado el permiso ambiental y desde luego no se puede entender que el Gobierno Central o los diputados y diputadas del PP de nuestra provincia no tenga opinión sobre lo que quieren que ocurra en Ciudad Real y, de forma inmediata y más concretamente, en el Campo de Montiel”. “En este caso porque es una actividad que nos utilizará de banco de pruebas pero que de salir adelante, se va a extender por gran parte de la provincia y en otros puntos del país”, ha añadido.
Desde IU-Ganemos Valdepeñas apuntan que en el fondo de todo este “boom minero” está la necesidad de reformar la Ley de Minas del año 1973, “que continúa en vigor a pesar de que es una norma preconstitucional, y que nada tiene que ver con la realidad social, económica y política actual”.
