José María Ponce, nuevo concejal del Grupo Municipal de Podemos-Equo Valdepeñas, ha dado su primera rueda de prensa desde que tomó posesión de su cargo, en la que ha declarado que este grupo ha presentado una moción a la Comisión Informativa del Pleno, celebrada este lunes, para que los servicios municipales estudien cómo poner en marcha una serie de bonificaciones en el IBI, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, para fomentar entre la ciudanía el autoconsumo energético.
El concejal ha apuntado que buscan promover la instalación de energías renovables, especialmente, la solar, tanto en edificios de viviendas como en industrias y empresas.
Podemos-Equo también solicita la agilización de los trámites para estas instalaciones y realizar una serie de estudios en edificios e instalaciones municipales para ver la viabilidad de instalar estas energías renovables, como se ha hecho en algunos edificios.
Ha apuntado que, dado el cambio climático, cualquier grano de arena es importante, y ha criticado que el equipo de Gobierno se haya negado a que esta moción vaya al Pleno, “como hacen con todas las mociones de la oposición”. “El alcalde y el equipo de Gobierno hacen una interpretación muy restrictiva de la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento, con lo que no estamos de acuerdo, porque evita de una forma poco democrática nuestra participación. Estamos estudiando qué tipo de medidas serían las más adecuadas para intentar cambiar esta situación”.
Servicio de Ayuda a Domicilio
Por otra parte, José María Ponce también se ha referido a las movilizaciones de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Ha afirmado que “es otro servicio privatizado por el alcalde y del que ahora se desentiende cuando la empresa concesionaria abusa de las trabajadoras, negándoles incluso el Salario Mínimo Interprofesional”.
Ha criticado que el primer edil haya dicho que no quiere hablar con la empresa porque luego le puede pedir favores y “que falte a la verdad cuando asegura que el ayuntamiento no puede llevar la gestión directamente, como pasa en otros municipios, porque es una competencia municipal delegada por la Junta. Cuando se privatiza un servicio público, la empresa adjudicataria, como es lógico y normal, espera obtener un beneficio”.
Ha indicado que la manera de obtener ese beneficio es reduciendo el sueldo de los trabajadores y la calidad del servicio y los derechos laborales de los trabajadores.
“La adjudicataria tiene que cumplir con la legislación laboral y el ayuntamiento tiene la obligación de velar por su cumplimiento. En caso de incumplimiento, tiene medidas coercitivas a aplicar desde el servicio de contratación porque, además, el ayuntamiento puede ser responsable subsidiario”.
Ha deseado que cuando se renueve el contrato “se tenga esto presente y el ayuntamiento recupere este servicio público, con lo que, además de mejorar su calidad”, el dinero acabe en el bolsillo de las 44 trabajadoras del servicio en lugar de en la empresa.
