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Juzgados

La hospitalización en Valdepeñas de un acusado, entre las causas para suspender el juicio a Miñanco

El narcotraficante también se había negado a declarar ante la Audiencia Nacional que le juzga por la “Operación Mito”, como juzga al letrado de Puigdemont

El narcotraficante gallego, José Ramón Prado Bugallo(4d), conocido como Sito Miñanco, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024 / Gustavo Valiente (Europa Press)
El narcotraficante gallego, José Ramón Prado Bugallo(4d), conocido como Sito Miñanco, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024 / Gustavo Valiente (Europa Press)
M. G. - Europa Press / VALDEPEÑAS
El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se negó a declarar el martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga por la 'Operación Mito'.

Tras la negativa de Sito Miñanco, el magistrado Alfonso Guevara, presidente del tribunal, le ordenó sentarse, y tras esto, otra defensa, la de Santiago Osuna Medina, explicó al tribunal que su defendido no había podido asistir a la sesión porque de camino desde Linares tuvo que parar y ser atendido en el Hospital de Valdepeñas y que se encontraba «en una camilla» en dicha localidad.

El magistrado, ostensiblemente contrariado, señaló que entonces suspendía el juicio «sine die» y que esto podría conllevar tener que repetir todo lo practicado en Sala de nuevo.

La ‘Operación Mito’ se centra en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína.

La Fiscalía Antidroga pide 31 años y 6 meses de prisión para el narcotraficante gallego mientras que para el abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente Carles Puigdemont, pide 9 años y 9 meses de cárcel.

Boye, en concreto, fue procesado por la instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Argumento para no declarar

Miñanco argumentó para no declarar ante la Audiencia Nacional que no se había practicado toda la prueba propuesta antes del turno de los acusados. «Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no acaben las pruebas periciales y todo lo demás», señaló cuando el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, le llamó para comenzar su interrogatorio.

Ante esto, el magistrado le preguntó si no contestaría ni a la Fiscalía ni a ninguna de las defensas, ante lo que repitió que no, «hasta que no acaben todas las pruebas periciales».

Previamente, su defensa, ejercida por el letrado Jacobo Teijelo, había indicado a la Sala que no era posible practicar la declaración de su defendido sin causarle indefensión, y se acogía al artículo 24 de la Constitución y al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Recordó ante Guevara que se había acordado por la Sala una orden y que las declaraciones de la cincuentena de acusados se realizarían tras la práctica de la prueba propuesta.

Las sonorizaciones

Minutos antes de este episodio, Guevara había dejado para el miércoles una pericial relativa a sonorizaciones de escuchas para que los peritos policiales y los de parte pudieran confrontar. Esta decisión la adoptó dado que no estaban presencialmente algunos de los expertos de parte propuestos.

Esta pericial en concreto es relevante porque parte de la estrategia de defensa de alguno de los principales encausados pasa por demostrar que las grabaciones en un chalé y en vehículos no eran selectivas y que podían incluso haberse alterado con posterioridad.

Uno de los peritos policiales que sí que declaró este martes explicó a la Sala que los sistemas permitían a los inspectores activar y desactivar la grabación y que no era posible alterar el fichero ‘hash’ generado por la grabación.

También aplazó para más adelante escuchas de grabaciones seleccionadas por las partes, y que han de ser oídas en Sala, dado que las mismas no estaban preparadas para ser reproducidas. Esto provocó que el presidente diera paso a los interrogatorios de los acusados.

Antes de que el juicio acabara siendo suspendido, por la Sala pasaron una decena de peritos que fueron ratificando diversos informes policiales de balística, de análisis de la pureza de la cocaína incautada, del tipo de embarcaciones –lanchas rápidas– y del tipo de huecos secretos realizados en los vehículos usados para transportar sustancias ilegales o dinero.

Futuro del procedimiento

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaron que, salvo que se convocara de urgencia a los acusados, quedaban suspendidas las sesiones del juicio previstas tanto para el miércoles como para el jueves, y que la Sala tiene un plazo de 30 días para establecer un nuevo calendario o tomar cualquier otra decisión respecto al futuro del procedimiento.

Recordaban asimismo que hasta el 10 de febrero no hay sala disponible para reanudar el juicio.

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