“Vamos a aprobar la primera Ley de Desarrollo Rural Territorial de España”

Ayudar a los productores agrícolas y ganaderos de Castilla-La Mancha a mejorar su rentabilidad y a profesionalizar su actividad son los principales objetivos de Francisco Martínez Arroyo, el nuevo consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Con una dilatada experiencia técnica en el sector y una gran proverbialidad, Martínez ya está estudiando varios cambios normativos que consoliden un modelo rural integral, sostenible y rentable. El acceso al agua de los regantes es otra de sus prioridades, además de luchar por mejorar la capacidad de los productores en las operaciones comerciales del vino, el aceite, las frutas o las hortalizas. Pero sobre todo cree en el diálogo entre administraciones para alcanzar acuerdos políticos que faciliten la canalización de los recursos a los agroganaderos reales.

J. Y.
Ciudad Real

Ayudar a los productores agrícolas y ganaderos de Castilla-La Mancha a mejorar su rentabilidad y a profesionalizar su actividad son los principales objetivos de Francisco Martínez Arroyo, el nuevo consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Con una dilatada experiencia técnica en el sector y una gran proverbialidad, Martínez ya está estudiando varios cambios normativos que consoliden un modelo rural integral, sostenible y rentable. El acceso al agua de los regantes es otra de sus prioridades, además de luchar por mejorar la capacidad de los productores en las operaciones comerciales del vino, el aceite, las frutas o las hortalizas. Pero sobre todo cree en el diálogo entre administraciones para alcanzar acuerdos políticos que faciliten la canalización de los recursos a los agroganaderos reales.

PREGUNTA.- La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural tiene un amplio abanico de áreas de gestión, ¿cuáles van a ser las prioridades del departamento para la presente legislatura?

RESPUESTA.- Como prioridades más urgentes tenemos encima de la mesa la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 que acabamos de enviar a Bruselas y que supondrá 1.500 millones de euros para Castilla-La Mancha. Vinculada a esta materia está la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial, que es una novedad importante, no existe en ninguna comunidad autónoma y abordaría una visión del desarrollo rural desde una perspectiva integral, no sólo con un marco agrario, sino con todo lo que tiene que ver con la generación de actividades económicas, de servicios sociales y de todo tipo de actividad que se realice en estos núcleos. Esta ley enmarcaría todo lo que tiene que ver con el medio rural, como los servicios sociales o los centros de salud. Será relevante en la región porque el territorio es rural y es un buen sitio para hacer iniciativas de este tipo. No será una prioridad inminente pero es un trabajo de largo recorrido para toda la legislatura. En el ámbito estrictamente agrícola, queremos gestionar lo mejor posible todos los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), canalizarlos bien, y apostar por los agricultores profesionales. Administrar esta financiación es muy importante, para evitar correcciones financieras y porque  en Castilla-La Mancha supone unos 1.200 millones de euros al año en ayudas. Y en política ambiental tenemos clara la necesidad de reutilización y mejor uso de los residuos y de aprovechamiento de otros modelos de energía, como la biomasa vinculada a las resinas, a los pelets o a  productos forestales. En políticas de incendios vamos a extender todos los meses del año la prevención de incendios. Esos trabajos en la época de invierno son necesarios para evitar desastres en verano.

P.- ¿Y cuáles cree que son las luces y sombras de la PAC para Castilla-La Mancha?

R.- Hay dos cosas negativas, una es que la convergencia regional -en base a los territorios con similitud agronómica- perjudica a la región porque la ayuda media por hectárea es inferior a la media nacional. Si hubiera habido una convergencia nacional o europea, los agricultores de Castilla-La Mancha hubieran visto aumentar su ayuda porque habrían ido  hacia la equiparación, pero esto no ha sucedido así. Además habría que haber optado por los agricultores profesionales, pues al haber menos fondos, hay que ser más eficientes y dirigirlos hacia los productores reales y es una oportunidad que se ha perdido. Es verdad que se ha avanzado algo, desde el punto de vista de las explotaciones ganaderas, pero se podía haber avanzado mucho más. En España tenemos un millón de perceptores de la PAC , de ellos 300.000 agricultores profesionales y eso indica que hay un desfase que hay que ir salvando con los años, pero han dejado pasar la ocasión.

P.- ¿Y por sectores?

R.- Hay dos más perjudicados como son el del vino y el de las frutas y hortalizas porque las superficies que no se declararon en los años de referencia y no se han considerado a efectos del pago básico, eso en toda España. Y luego el olivar en pendiente se ha quedado fuera de las ayudas acopladas y nosotros defendemos estas ayudas porque, de lo contrario, este olivar no será rentable ni sostenible. Y eso hay que considerarlo y tendría que haberse puesto encima de la mesa, en esta batalla estamos con Andalucía. 

P.- ¿Y como aspectos positivos?

R.- Es la consolidación de una ayuda directa por los agricultores, que es importante y necesaria, y que supone el 30% de su renta de media. Y hay que mantenerla y defenderla desde el punto de vista social y económico porque se paga lo que el mercado no paga y los agricultores aportan muchas más cosas.

P.- Estamos a pocos días del inicio de la vendimia, ¿cree que va a ser una campaña normal en la compraventa de uva con la aplicación de los contratos tipo?

R.- Lo que está claro es que tiene que haber contratos de vino y uva, que sea tipo o no será decisión de las interprofesionales y de otras organizaciones que intervengan en la operación. Somos partidarios de que estas entidades trabajen en la elaboración de contratos tipo, para que los productores sepan cómo se va a pagar, porqué criterios y en qué plazos. Trabajaremos porque esas condiciones se cumplan.

P.- La interprofesional del vino a nivel nacional lleva un año funcionando y usted ha hablado de constituir una en el ámbito castellano-manchego. ¿Cómo sería?

R.- Este tipo de entidades pueden tener ámbitos de todo tipo, la nacional está dando pasos importantes y participan representantes de las organizaciones de la región. Aquí tenemos territoriales como La Mancha o Valdepeñas, la de La Manchuela que se está creando y la Fundación ‘Tierra de Viñedos’. Pueden ser útiles en el diseño de contratos o en planificar las campañas y es importante que también pueda hacerse desde la perspectiva micro, desde el territorio a menor escala, y para eso serviría la de Castilla-La Mancha porque hay particularidades distintas. Aquí hay producción de alcohol de uso de boca y mosto, y la interprofesional podría trabajar en la planificación de esas salidas para la uva. Si es necesaria o no una nueva interprofesional lo veremos con el sector, bien reconvirtiendo ‘Tierra de Viñedos’, o desde la nacional.

P.- ¿Sería como un Consejo Regional de interprofesionales?

R.- Sí, sería como un consejo a través de la reconversión de la fundación, que ya existe.

P.- Y hablando de vino, ¿qué opina de las nuevas integraciones comerciales que se están creando en la provincia para obtener más dimensión y rentabilidad en las operaciones de compraventa?

R.- Eso siempre es bueno. Vamos a defender lo que suponga integración y unión para la comercialización en común. Si es fusión entre empresas será una decisión que adopten ellas, nosotros somos partidarios de que al menos haya unión comercial. Es suficiente porque el problema está en la relación comercial con el siguente eslabón de la cadena alimentaria. El peso del sector estará mejor representado si es capaz de negociar mejor y se hace cuando el producto está en menos manos. Pero estas fusiones tienen que ser compatibles con que se mantenga la actividad económica en el medio rural, y es necesario que cooperativas y bodegas sigan estando en los pueblos creando riqueza.

P.- ¿Estas políticas integradoras serán buenas para vender más vino embotellado, no?

R.- No se puede vender todo embotellado porque tenemos unos volúmenes enormes en zonas como La Mancha, pero también están consiguiendo mejores precios en graneles, que suponen el 90% de las operaciones. La DO Valdepeñas es bandera, pues todo el vino que se vende es embotellado, y habrá que aprovechar su impulso pero teniendo en cuenta todas las circunstancias. Lo que hay que hacer es negociar bien la venta del producto y apostar por la calidad que tenemos. Hemos avanzado mucho en infraestructuras, tenemos los mejores métodos y profesionales, y el vino es excelente. Hay que mejorar la capacidad de interlocución y de negociación, y tener una imagen de marca reconocida por los consumidores como son Rueda, Ribera o Rioja.

P.- Y qué líneas van a impulsar para ayudar a las industrias agroalimentarias de la región?

R.- Son importantísimas para Castilla-La Mancha y en septiembre vamos a convocar las ayudas FOCAL, vinculadas al PDR. En esta convocatoria hay un retraso enorme que no entendemos, por eso nuestra urgencia en sacarlas. Recordar que irán dirigidas a los sectores del aceite, la leche, las frutas y las hortalizas y no al vino, que van por otra línea, por decisión del Gobierno anterior, que lo canalizó en el programa ‘Vinati’, que, por cierto, ha sido un gran fracaso pues han accedido muy pocas cooperativas y bodegas. Por ello, vamos a modificar las convocatorias para integrar al vino en el FOCAL.

“Hay que reeditar el PEAG o crear un plan  similar que priorice a los regantes”

PREGUNTA.- El nuevo Gobierno regional ha anunciado una Ley de Agua que le permita estar presente en los organismos donde se toman decisiones, ¿Cuáles serán las líneas en política hidráulica en un sector tan importante como la agricultura?

RESPUESTA.- Ley de Agua es una  competencia de la Consejería de Fomento y desde perspectiva de Agricultura vamos a trabajar porque los regantes tengan acceso al agua. Es una evidencia en esta región que el futuro del sector agrario pasa por el acceso al agua, y tenemos que trabajar con las confederaciones para que los regantes tengan prioridad. Ya estamos en conversaciones con las del Segura y con la del Júcar, y con la del  Guadiana tenemos en cartera ver qué pasa con las explotaciones prioritarias que quedaron pendientes hace cuatro años y que tendremos que avanzar.

P.- ¿Se va a reeditar el Plan del Alto Guadiana (PEAG)?

R.- Para ello es necesario que haya acuerdo entre las administraciones nacional y regional, porque estaba basado en un consorcio de dos administraciones, y parece que en estos cuatro años no ha habido interés en volver a reeditarlo. En este momento no vemos la posibilidad hasta que no se produzcan las elecciones generales. Dependiendo de los resultados veremos qué planteamientos hacen en materia de agua y entonces será el momento de plantear un plan. Pero sino es el PEAG tendrá que ser algo similar porque evidentemente ninguna administración por separado puede abordar este problema. Necesitamos colaborar los dos. También es un problema de las industrias agroalimentarias.

P.-¿Las demandas de los regantes son históricas en la región, ¿cuál sería la solución final?

R.- Tradicionalmente, la forma de riego ha sido mediante pozos y cuando empieza a controlarse la gestión con las confederaciones se plantea qué solución se da a esos pozos. Pero lo que tenemos claro es que si hay un acceso al agua, tiene que ser preferentemente para los agricultores profesionales, y vamos a ser muy estrictos. Ese es el trabajo que se hizo con el PEAG, identificar a los titulares de las explotaciones prioritarias, y ese será ahora nuestro objetivo. La clave está en la colaboración entre administraciones y hay que buscar una herramienta parecida a este plan. Entiendo que tiene que ser la propuesta de un nuevo Gobierno en política hidráulica que sea consciente que las comunidades participen en la toma de decisiones que les afecta. En Castilla-La Mancha es un problema crónico, sobre todo en el Alto Guadiana.