Roba medio kilo de cocaína a un ‘narco’ de Illescas y mete en un lío a su hijo en Villarrubia de los Ojos

Belén Rodríguez Ciudad Real
El padre, segundo por la izquierda, ha reconocido su culpa. El hijo pide la nulidad de actuaciones / Carlos Díaz

El padre, segundo por la izquierda, ha reconocido su culpa. El hijo pide la nulidad de actuaciones / Carlos Díaz

El padre, que tenía el móvil ‘pinchado’ por una investigación por robo, contactó con su hijo por teléfono para que le ayudara a vender la droga y propició que la Guardia Civil incautara 300 gramos de cocaína y los detuviera a ambos y a un tercero

E.M.P., un hombre al que la Guardia Civil de Manzanares investigó por su presunta participación en robos en la comarca en el verano de 2019, y en principio sin relación con la droga, se ha metido en un lío por el que lleva en prisión preventiva casi dos años, y por el camino a su hijo A.M.A.

Este acusado, detenido en octubre de 2019 como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, ha reconocido este martes en el juicio ante la Audiencia de Ciudad Real que ese verano robó medio kilo de cocaína de bastante pureza a un narcotraficante de Illescas (Toledo), junto con otra persona que no ha sido identificada, y trató de venderlo en el mercado negro.

«Nada de guarrerías, escamas de verdad»

Pero no lo hizo solo. Emocionado por el contenido del paquete, “nada de guarrerías, escamas de verdad”  -dice en una conversación muy gráfica intervenida por la Guardia Civil-, contactó por teléfono con su hijo A.M.A. pidiéndole ayuda para buscar un buen comprador para la cocaína, que tenían intención de vender por 10.000 euros.

Tenía el teléfono ‘pinchado’ y no lo sabía

Solo que E.M.P. no sabía que en esos momentos, el mes de agosto de 2019, la Guardia Civil, con autorización del juzgado de primera instancia número 1 de Manzanares, lo estaba investigando por robo y tenía su línea de teléfono móvil ‘pinchada’. Ajeno a que estaba siendo grabado, E.M.P. llama y habla con su hijo entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre de las gestiones que pueden hacer para vender la droga, por lo que la Guardia Civil amplía las diligencias de investigación al delito de tráfico de drogas.

Con las conversaciones como base los guardias se enteran de las gestiones que padre e hijo hacen para vender la mercancía, y de sus contactos con una tercera persona, M.C.B., un hombre de origen rumano empleado del hijo (supuestamente ambos trabajaban en la construcción y en la compraventa de coches de forma autónoma), al que la Guardia Civil también empieza a seguir.

Tras oírles hablar y contactar de la droga, los agentes hacen una serie de registros autorizados por el juzgado de Manzanares en Villarrubia de los Ojos y llegan hasta dos caravanas, aparcadas juntas en una parcela, en las que encuentran parte de la cocaína de la llevaban hablando desde finales de agosto.

La droga, unos 300 gramos (menos de lo que robado), envoltorios y básculas de precisión, aparecen en la caravana que según la Guardia Civil M.C.B. utilizaba como vivienda con su pareja en ese momento, por lo que tanto él como A.M.A. y su padre E.M.P., terminan detenidos y procesados por un delito contra la salud pública.

El padre reconoce todo: «Me arrepiento»

El padre, que lleva en prisión desde el 4 de octubre de 2019, ha reconocido los hechos ante la sección segunda que ha comenzado a juzgar el caso e incluso ha dicho que está arrepentido. No así su hijo ni el tercer implicado M.C.B. (este último también está en prisión), que han pedido la nulidad de las actuaciones y no han respondido más que a las preguntas de sus abogados.

Nulidad de actuaciones

Miguel López, abogado defensor de M.C.B., entiende que en este caso no se han realizado las formalidades jurídicas para fundamentar la entrada y registro “en lugares que no eran las viviendas de los acusados como ellos dicen”, lo mismo que las intervenciones telefónicas. “Estas personas no tienen nada que ver con el tráfico de drogas y M.C.B. ningún antecedente”.

La fiscalía para pide para ambos cuatro años y medio de cárcel como autores de un delito contra la salud pública. E.M.P., en el origen de la investigación, ha aceptado una condena de algo más de tres años de prisión.

El juicio continuará este miércoles con más testigos y las conclusiones finales.