Cuando la propuesta para crear la figura del Defensor o Defensora de las Generaciones Futuras empieza a ser familiar, al menos entre los medios de comunicación, y ya cuenta con casi 300 firmas a favor -entre ayuntamientos, organismos públicos, entidades, empresas y personas-, ya hubo una acción precursora de esta institución hace 27 años por parte de un Ayuntamiento ciudarrealeño.
Fue la Corporación de Viso del Marqués, con el socialista Manuel Ángel Alcaide al frente, la que el 20 de diciembre de 1991 aprobó por amplia mayoría una proposición para pedir al Gobierno de la Nación y al Congreso de los Diputados la inclusión en la Constitución un nuevo artículo por el que se diera forma legal “al derecho que asiste a las generaciones futuras de recibir la herencia natural que les corresponde en calidad y cantidad en que sus progenitores los recibieron de sus antepasados”.
Con un sencillo texto de seis párrafos y conceptos muy similares a los que en la actualidad está promoviendo la Fundación Savia, la moción, redactada por el propio Alcaide, instaba a poner en el centro “de las decisiones, acuerdos y leyes que pudiesen adoptarse y promulgarse en el futuro” a quienes han de vivir en las próximas décadas.
Fue “una propuesta personal”, explica a lanzadigital el ahora primer teniente de alcalde del Ayuntamiento viseño, quien, con una clara conciencia ecológica, siempre ha defendido acciones para “salvar el planeta y conservar el entorno”.
Así, tal y como recuerda, en aquel Pleno expuso la necesidad de crear una figura específica para conservar el medio ambiente, aunque su protección estuviera recogida en el artículo 45 de la Constitución. Según la moción, hace casi 30 años ya se habían observado “deterioros medioambientales difíciles de detectar a corto plazo (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, mutaciones genéticas por exposición a radiaciones, etc.)”, que estaban “degenerando la calidad de vida del ser humano”.
Por ello, frente a la filosofía “del beneficio inmediato” que “no contempla la escasez de recursos, imprescindibles para el normal desarrollo de nuestra sociedad en el futuro”, Alcaide advertía del carácter “irreparable a corto y medio plazo de la mayoría de las agresiones” al entorno, una posición visionaria que hablaba de la ya entonces presente “acelerada” carrera hacia “la desertificación, el cambio de los ciclos climáticos, la desaparición de especies animales y vegetales, y la contaminación de aguas fluviales y marítimas”.
También exponía la falta de previsión de todas estas consecuencias por “la sociedad consumista”, una realidad que tampoco recogía la Constitución, y que dio pie a que el entonces primer edil considerara conveniente impulsar la concienciación, a través de una proposición al Gobierno de la Nación y Congreso de los Diputados para que incluyeran el citado nuevo artículo en la Carta Magna.
De la misma manera, con la propuesta Alcaide quiso “dejar constancia de la declaración de intenciones de este Ayuntamiento” en caso de que no fuera atendida la solicitud “hasta tal extremo”, y al considerar “la dificultad de la modificación del texto constitucional”.
Tras el “amplio” debate de este punto, fue aprobado “por diez de los once miembros de la Corporación, manifestando su abstención el concejal portavoz de la oposición”.
En concreto, votaron a favor los cinco ediles del PSOE, los tres de Unión Centrista, y dos de los tres del Grupo Popular.
Según Alcaide, la moción fue enviada al Parlamento nacional y trasladada a otros ayuntamientos de dentro y fuera de la provincia que se la pidieron para votarla en sus consistorios, aunque desconoce si se llegó a presentar y si en alguno salió adelante.
Respecto a si se van a sumar a la propuesta de la Fundación Savia que se dirige a Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, y a cada ayuntamiento en los que se debate, ha señalado que “si nos invitan, podríamos renovarla”, dado que “Viso ya la aprobó hace 27 años”.
