La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ciudad Real ha dejado visto para sentencia este martes el caso de presunto abuso sexual hace tres años de J.M.M.M. a su vecina, una mujer de unos 40 años con una discapacidad del 65%.
Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2019 en las afueras de El Robledo, cuando la víctima se encontraba cogiendo moras en un paraje del término de la localidad y el acusado coincidió con ella cuando sacó a pastar a su ganado. Fueron pocos minutos, según el abogado de la defensa, Ángel Rico, pero suficientes, según la versión de la mujer, para cometer los abusos, por los que la fiscalía pide 9 años de prisión y otras medidas de alejamiento y educación sexual, y la acusación particular un año más, 10 años de cárcel, y 90.000 euros de indemnización.
Ambas acusaciones han reforzado sus conclusiones con los informes de los especialistas que han atendido a la mujer durante este proceso y de las profesionales del equipo psicosocial que hoy han comparecido en la vista, celebrada a puerta cerrada durante dos días en la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ciudad Real. Las dos expertas periciales han ratificado las valoraciones que ya anotaron sobre el cuadro psicológico que padece la denunciante tras haber sufrido los supuestos abusos.
De esta manera, han dado veracidad a la versión de la mujer como víctima del delito de abuso sexual con penetración por vía anal, unas valoraciones que han servido a la fiscal para corroborar sus conclusiones sobre la culpabilidad del procesado y para sostener la petición de penas al tribunal. “He mantenido la acusación en los mismos términos por la confianza y credibilidad que tenía de las declaraciones de la víctima y más después de la prueba pericial de hoy, que ha sido contundente”, ha señalado a los medios.
Ha sustentado, igualmente, la petición de 9 años de prisión “porque la víctima es una persona vulnerable por su discapacidad” (está tutelada por la Junta de Comunidades tras haber sido víctima de otros abusos por parte de un familiar directo).
En la misma línea, el letrado de la acusación particular, Juan Hervás, ha respaldado esta versión en la exposición de sus conclusiones, sobre todo tras escuchar los informes de los profesionales que conocen de cerca el proceso y comportamiento de la mujer. Por ello, “no he modificado las peticiones” a la Sala, consistentes en una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel y 90.000 euros de responsabilidad civil por los perjuicios provocados a la víctima discapacitada.
«No hay elementos de culpabilidad»
Por el contrario, Ángel Rico, el abogado defensor de J. M.M.M., ha pedido la absolución porque “no hay elementos periféricos que corroboren los hechos”, ante “la ausencia de informes médicos y forenses”, u otros testimonios “que hayan visto restos o lesiones”.
De hecho, y al margen de realizar un juicio paralelo a la víctima, según ha dicho, este letrado aportó en la primera sesión del juicio pruebas testificales sobre “cierta tenencia a la fabulación” de la víctima «por sus características psíquicas”, y por ello ha pedido valorar a los miembros del Tribunal “lo que dice con mucha precaución”.
Ha reparado, de la misma manera, en las declaraciones de los especialistas que la acompañaron en su declaración ante el tribunal el lunes, sobre su tendencia a “querer agradar en las respuestas” y sus dificultades “para dar explicaciones largas y tendidas”. “Contrastan, ha agregado, con las conclusiones del equipo psicosocial” expuestas este martes.
Por su parte, Rico ha valorado la persistencia de su patrocinado en la proclamación de su inocencia “desde el principio”, que esta mañana ha vuelto a reiterar en el uso de la última palabra al final del juicio.
