J. Y./ Ciudad Real
Decenas de viticultores de la provincia de Ciudad Real están afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que anula la plantación de viñas en espaldera en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Aunque todavía no ha transcendido el número de hectáreas que se habrían reestructurado contraviniendo la normativa mediaoambiental autonómica, el auto podría tener consecuencias “graves” para los productores que realizaron las plantaciones, de acuerdo con la orden sobre le potencial vitícola de Castilla-La Mancha de 2012 que regulaba esta actividad en la anterior legislatura y que permitió las transformaciones de viña en vaso a espaldera y nuevas plantaciones dentro de dichos espacios protegidos.
Sólo en la provincia de Ciudad Real hay once ZEPAs, de las 38 declaradas en toda Castilla-La Mancha, que suman más de un millón y medio de hectáreas, aunque sólo afectaría a las comarcas de tradición vinícola como las de Tablas de Daimiel (con 2.345 hectáreas), Humedales de La Mancha, con tres provincias (14.615 h), y localidades como Pedro Muñoz, Socuéllamos, Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, Campo de Calatrava (8.978 h) o el Área Esteparia de la Mancha Norte (107.245h), que también abarca tres territorios provinciales.
Tranquilidad
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, pidió tranquilidad a los viticultores afectados (quienes ya están siendo informados por carta de los efectos del auto), y aseguró que el Gobierno castellano-manchego habilitará “alternativas” para que “los agricultores, una vez acometida la sentencia del Tribunal Supremo, “tengan el menor impacto posible y tengan el menor perjuicio”.
Recordó que una vez resuelto el recurso de casación ante el alto tribunal, “ahora nos toca de alguna manera subsanar el grave error del anterior ejecutivo regional”, a través de la búsqueda de salidas que “minimicen las consecuencias y concilien los objetivos medioambientales y los económicos”.
Olmedo lamentó la actuación del Gobierno que presidió Dolores de Cospedal, que “hizo caso omiso” de las advertencias de la oposición sobre “las consecuencias de la aplicación de la orden, que los agricultores siguieron y que ahora están entre la espada y la pared sin tener ninguna culpa”.
Preocupación
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) mostraron su preocupación, aunque sus dirigentes señalaron que están trabajando “junto a la Consejería para buscar una salida”.
El secretario provincial, Pascual Ortiz, aseguró que conoce a afectados en Pedro Muñoz, quien ahora “tienen un problema”, mientras que el máximo responsable a nivel autonómico, Julián Morcillo, lamentó los “perjuicios” que sufrirán los productores y pidió “comprensión” hasta que se resuelva la situación”.
Qué soluciones
Abel Alcolea, de Asaja, también mostró su inquietud por ver “cómo se va a solucionar”.
Explicó que sólo en Pedro Muñoz, dentro de la comarca de La Mancha Húmeda (Ciudad Real y Cuenca), hay cuatro zonas protegidas en torno a dos complejos lagunares, como son las lagunas de El Pueblo o la Vega, la de El Retamar y la de Navalafuente, por un lado, y la de Manjavacas y Alcahozo, por otro.
Alcolea fue más allá y se preguntó por el patrimonio de los agricultores que culminaron la reestructuración sin haber realizado un informe de evaluación de impacto ambiental (siguiendo la orden), vulnerando así la legislación autonómica, tal y como argumenta el Tribunal Supremo. “Cobraron la subvención europea para la reestructuración, que obliga a mantener la replantación diez años”, recordó, por lo que se preguntó sobre “si tendrán que volver a cambiar o devolver las ayudas”.
