A medio gas, pendientes de las medidas de protección y con la duda de si se está haciendo lo correcto. Así han comenzado martes la actividad centenares de empresas de la provincia de Ciudad Real, tras el parón de 15 días decretado por el Gobierno de España para las labores consideradas como no esenciales para contener la pandemia del COVID-19. Después de dos semanas de máxima hibernación de la economía, con la excepción de los servicios esenciales, la construcción y la industria vuelven a ponerse en marcha.
Uno de estos ejemplos ha sido la factoría de palas eólicas que Vestas tiene en Daimiel, donde sus 1.300 empleados han vuelto este martes al trabajo tras varios días de parón, según ha asegurado la empresa en un comunicado. En los polígonos industriales también ha comenzado a notarse más movimiento que durante las dos últimas semanas o en las autovías, donde se ve algo más de tráfico de vehículos.
Desde la patronal ciudarrealeña, su presidente, Carlos Marín, en declaraciones a Lanza, destaca que la vuelta al trabajo está generando «muchas incertidumbres» entre los empresarios de la provincia, pues asegura que no todas las empresas cuentan con los equipos de protección individuales (EPI) para sus trabajadores, debido al desabastecimiento de estos materiales, mientras que la Inspección de Trabajo ha comenzado a hacer «inspecciones express» para comprobar que las empresas cuentan con EPI adecuados. «Utilizar en estos días estas prácticas, que se suman a las amenazas sindicales, no es de recibo. Sobre todo cuando en casi ningún sitio puedes adquirir mascarillas y ni los propios sanitarios tienen las EPI adecuadas», señala.
Desde la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) consideran que «la vuelta al trabajo es de derecho, pero no de hecho», ya que «es complicado» mantener las medidas de seguridad en sectores como la construcción, por ejemplo, donde el contacto entre los trabajadores es habitual y faltan mascarillas. A pesar de estos problemas que denuncian, valoran positivamente que se haya dado este «pequeño paso» que nos acerca un poco más «al final de la pesadilla».
Dos de cada tres empresarios de la provincia creen que no «podrán arrancar»
Por otro lado, Marín ha dado a conocer los resultados de una encuesta que han realizado entre más de 8.000 de sus asociados en la provincia de Ciudad Real, la gran mayoría autónomos y pymes, quienes dos de cada tres consideran que cuando el estado de alarma finalice «no podrán arrancar».
«Al día hablamos con muchos empresarios y autónomos y nos transmiten sus preocupaciones y su pesimismo», ha indicado Marín, al tiempo que ha señalado que las «principales preocupaciones de éstos» son aspectos como el pago del IVA, el pago de la cuota de autónomos, gestionar ERTE, etc.
Por ello, desde FECIR piden al Gobierno central medidas más contundentes para «salvar» a millones de empresarios y autónomos que «están pasando por un mal momento» a consecuencia de la crisis del COVID-19. Medidas como la supresión del impuestos y cuotas, no su aplazamiento. «De nada sirve aplazar ciertos pagos en el mes de marzo o abril si luego en septiembre van a tener que pagar todo lo atrasado», consideran desde la patronal.
Hostelería, el gran perjudicado
En general, el sector servicios será uno de los grandes perjudicados en la provincia de Ciudad Real a consecuencia de esta crisis sanitaria y económica. Sin embargo, el de la hostelería saldrá todavía más damnificado, pues ya le está afectando de lleno con la cancelación de la Semana Santa y continuará con el verano.
