Castilla-La Mancha registró 4.256 demandas por disolución matrimonial –divorcios, separaciones y nulidades– en 2024, un 4,5 por ciento más que en el año 2023, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Se registraron en la región 204,6 demandas presentadas por disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes en 2024, por encima de la media nacional, que se situó en 199.
España registró el año pasado 95.650 demandas de disolución matrimonial –divorcios, separaciones y nulidades– ante los órganos judiciales, un 3,6% más que en 2023.
El órgano de gobierno de los jueces ha explicado que este incremento interanual devuelve estos procedimientos a cifras muy similares a las registradas en 2022, año en el que el número total de demandas de disolución matrimonial fue de 95.193.
Asimismo, ha indicado que el incremento global se debe al comportamiento de las demandas de divorcio, especialmente las consensuadas, que son las que más han aumentado. Las demandas de separación, tanto consensuadas como no consensuadas, se han mantenido en cifras muy similares a las de 2023.
Según recoge el informe del CGPJ, las demandas de divorcio consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2024 (55.146) experimentaron un incremento interanual del 4,4%, mientras que los divorcios no consensuados (37.080) crecieron un 2,8%.
63 NULIDADES MATRIMONIALES, 12 MÁS QUE EN 2023
Por el contrario, se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas en 2024: las no consensuadas (1.006) lo hicieron en un 3,2%, mientras que el decremento de las consensuadas (2.355) se situó en el 0,6%. Las nulidades matrimoniales del pasado año fueron 63, un 23,5% más que en 2023, año en el que sumaron 51.
En relación con la población a 1 de enero de 2024, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 199. Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 221,9; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; Andalucía, con 211,6; La Rioja, con 206,7; y Castilla-La Mancha, con 204,6.
Mientras, por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2; Extremadura, con 180,3; Castilla y León, con 169,7; y País Vasco, con 168,1.
Por otro lado, el informe del CGPJ revela que en 2024 se presentaron 13.045 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,5% más que en el año anterior. También aumentaron las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 32.423, un 2,8% más alta que la registrada en 2023.
Respecto a las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, estas fueron 23.144, cifra que representa un incremento del 3,9%; y las no consensuadas, que sumaron 28.506, aumentaron un 4,5% respecto a 2023.
