La Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) Ciudad Real ha puesto negro sobre blanco una lista de reivindicaciones concretas para paliar el impacto económico, social y laboral de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19 en el tejido empresarial. Se trata de una batería de medidas que, tal y como explica su presidenta, Cristina Tirado, parten de la misma premisa: “Sin salud no hay negocio”. El informe con las recomendaciones se ha hecho llegar ya a diputados nacionales que se han puesto en contacto con la asociación para conocer su postura ante la crisis sanitaria, agentes sociales y otras asociaciones empresariales.
AJE Ciudad Real advierte, como punto de partida, que la suspensión de toda actividad empresarial no esencial debería haberse aplicado “desde el principio” para que las pymes pudieran haberse acogido a la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y con ello evitar la situación de incertidumbre generada. “Necesitamos acciones contundentes para frenar la propagación de la epidemia, ya que el primer objetivo es frenar los contagios en el menor tiempo posible, por eso nuestra actividad empresarial debe ser secundaria y no nociva para el primer objetivo común que es la salud”, apunta Tirado, que resalta que los empresarios deben ser parte “esencial e indiscutible” de la solución para que el país vuelva de nuevo a rodar.
En este sentido y ante la situación actual, el equipo de analistas y asesores de AJE Ciudad Real, en el que se encuentran Javier Arreaza y Jorge Narváez, miembros de la Junta Directiva de la asociación, ha elaborado un informe en el que se especifica punto por punto cuáles son las medidas más óptimas para la continuidad de los negocios y de la supervivencia de los puestos de trabajo.
Entre las propuestas, y en el caso concreto de los ERTE, se propone otorgar la misma regulación para los ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o productivas) que para los casos de Fuerza Mayor. AJE entiende y recomienda, como medida paliativa, establecer un tipo reducido del 15% para las sociedades afectadas por el COVID-19 en el primer ejercicio que su base imponible sea positiva y en el siguiente; al igual que se hace ahora para las empresas de nueva creación. Del mismo modo, piden vincular las subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) exclusivamente al IPC para los tres próximos ejercicios y no condicionar los ERTES al mantenimiento de empleo, tal y como se establece actualmente, “ya que el mantenimiento de los mismos tiene que suponer un estímulo para la empresa y no un castigo que pueda acarrear incluso la devolución de prestaciones cobradas por sus trabajadores”, apuntan los expertos.
Desde AJE, se recomienda también la bonificación del 50% de la cuota del impuesto de sociedades condicionada a la reinversión del beneficio y al mantenimiento del empleo, al igual que se produce cuando una empresa se ha acogido a algún plan de bonificación laboral en la contratación y mantenimiento del mismo. Se propone también la suspensión de las liquidaciones y autoliquidaciones hasta que se levanta el estado de alarma, siendo lo más acertado, advierte el informe, su unificación con las correspondientes al segundo trimestre del año, para permitir el aplazamiento de las mimas a 12 meses sin interés y elevando el límite 100.000 euros.
El documento elaborado por AJE recoge también la suspensión de las deudas bancarias mientas dure el estado de alarma y hasta tres meses posteriores, diluyendo el pago de las cuotas de este periodo en el total de años pendientes; así como la duración de la tarifa plana para autónomos y la condonación de las cuotas durante el periodo del estado de alarma y las posteriores, para aquellos que se puedan ver afectados por las restricciones venideras. En este capítulo, se reclama igualmente la exención del IAE para las empresas afectadas por el estado de alarma durante los dos próximos ejercicios, así como líneas de ayuda para todas aquellas empresas que se comprometan a mantener y generar empleo.
Arrendamiento
El informe incorpora la necesidad de una serie de medidas de estímulo a corto, medio y largo plazo enfocadas a la supervivencia del negocio y relacionadas con la condonación del arrendamiento a profesionales, empresas y autónomos que se vean afectados por la crisis sanitaria. A corto plazo, se propone la anulación inmediata del pago del arrendamiento sin tener que compensarse por ningún motivo con carácter retroactivo desde el día que se estableció el estado de alarma, hasta el día que se levante dicho estado establecido en el Real Decreto. Es decir, el arrendador tendría que condonar obligatoriamente el pago de ese tiempo del coste del arrendamiento, “al no poder destinarse el local y o u oficina al destino pactado en el contrato de arrendamiento fijado entre las partes y haberse establecido un destino de cierre temporal fijado por el RD y por tanto distinto al fin convenido entre ambas partes”.
Al hilo de esto, AJE plantea una moratoria obligatoria de un 30% del coste del arrendamiento desde el día que se levante el estado de alarma hasta el mes de diciembre de 2020. Dichas cantidades adeudadas al arrendador se abonarían en los 12 meses del año 2021 de manera proporcional, sumadas a la cuota de arrendamiento para solucionar el bajo arranque de ingresos que tendrá cualquier negocio afectado y para limitar un cierre definitivo antes de que termine 2020 por un posible mal inicio de la actividad empresarial.
En este sentido, los expertos de la asociación plantean crear un fondo de urgencia a las empresas para que dispongan de ese dinero para pagar el abono del arrendamiento durante el tiempo que dure la relación arrendaticia y renovarlo cada año según condiciones de ambas partes.
“Con estas medidas a corto y medio plazo, buscamos la supervivencia a futuro de los negocios y, por lo tanto, el mantenimiento del empleo que produce un autónomo y pyme, mientras dure la relación de arrendamiento con los límites establecidos”, afirma la presidenta de AJE, Cristina Tirado, que espera que estas medidas sean atendidas por las administraciones competentes y que vean en AJE un interlocutor necesario por su conocimiento del tejido empresarial, formado al 85% por micropymes.
