Este PRUG viene dando muchas vueltas desde que se empezó a evocar la necesidad de reposición del vigente y cuando más tarde se abrió a la discusión. Y este hecho representa la mejor metáfora posible de la historia del espacio que pretende regular y proteger: una discusión infinita sobre su mejor manera de gestión. En el año 2013 se abrió un proceso que se cierra en el año 2022; es decir, nada menos que nueve años. Mientras tanto, el parque se ha regulado a través del PRUG vigente de 1995.Dicho sea de paso, para el primer PRUG y desde la declaración de parque natural pasaron 19 años, un período en el que muchos parecieron enrocarse en una carrera para “hacer todo lo que se pudiera” antes de la entrada en vigor de la normativa regulatoria, hecho que parece repetirse ahora.
Hace dos años pudimos asistir a una gran novedad: la apertura de un proceso de participación ciudadana que quería dar voz a los diferentes actores en presencia del parque, una iniciativa guiada por la Fundación Savia y un hito importante que se plasmó en sucesivas reuniones que contaron con una importante participación de sectores interesados. Una ilusión que se vio en parte frustrada posteriormente con la redacción de un borrador falto de definición en muchos aspectos, que contenía de manera muy limitada las sugerencias surgidas en dicho proceso.
Y no nos referimos lógicamente a las sugerencias contrarias a todo cambio de statu quo, sino precisamente a aquellas que pretendían sugerir avances en la gestión del espacio y al mismo tiempo salvaguardar en la medida posible los intereses de todos aquellos interesados por dicha gestión: propietarios de inmuebles, propietarios de negocios y hosteleros, vecinos de las localidades del entorno; en definitiva. todos aquellos que viven y sienten el parque, como medio de vida por constituir su sustento económico o como medio de disfrute de su entorno natural único.
Pues bien, se abrió el año pasado un nuevo proceso que ha dado lugar a un “nuevo” borrador que adolece de las mismas carencias que los anteriores: su falta de definición y concreción para regular aspectos fundamentales para todos los interesados: la regulación urbanística, los usos, la participación del sector privado y la ciudadanía… Parecen fijarse dichos aspectos a regulaciones posteriores para las que se establece un plazo, pero la impresión que se desprende de tal borrador es que no ha surgido de un esfuerzo colectivo encabezado por las administraciones competentes.
El hecho resulta frustrante porque el espacio natural de las Lagunas de Ruidera se merece una actuación modélica en todos los ámbitos, empezando por la actuación de las administraciones públicas, que están obligadas a la coordinación en su gestión y deben, en todo caso, tener muy presentes a los ciudadanos, en su vertiente particular o agrupada (asociaciones o grupos de interés, como empresarios de hostelería y turísticos) para que se realice una transición tranquila pero segura en sus órdenes jurídico y económico para el parque natural, en el que todos se sientan invitados e implicados en la mejora global y por tanto se sientan también obligados a la mejora de su propia actuación.
Entre otras muchas declaraciones de políticos que hemos escuchado, se pretende elevar el espacio de Ruidera a ejemplo modélico de gestión en ámbito europeo, al par que su gemelo kárstico de Plitvice (Croacia). La cuestión es que este es un espacio prácticamente virgen en el que se ha desarrollado un modelo de gestión turístico que lo ha convertido en el primer destino del país. Por el contrario, Ruidera es un espacio ya muy intervenido desde hace años que exige respuestas diferentes, aunque se puedan extraer algunas lecciones interesantes de aquel.
Se han acometido en estos meses intervenciones poco ejemplares en algunos casos. Resulta incomprensible que las dos diputaciones competentes (Albacete y Ciudad Real) hayan intervenido la carretera ribereña de las lagunas con criterios diferentes – cada una en su tramo provincial- y que el estropicio quede pendiente de una nueva intervención que proporcione homogeneidad a todo el recorrido de la misma cuando pase a ser propiedad de la junta del parque, tras cesión de aquellas, actuales propietarios. La misma intervención del firme ha manifestado importantes defectos técnicos, como la “chapuza” que se originó con la fuga de pigmentos del firme para ciclistas y su vertido a las lagunas, o las manchas que han permanecido del mismo y que se pueden apreciar en el asfalto.
Nos preocupa también el uso de dicha vía en períodos de gran afluencia, en los que se pueden originar problemas de estrangulamiento o de peligrosidad por su uso diverso (peatones, ciclistas, vehículos), y esto sin que quede de momento claro el plazo de puesta en marcha del sistema automatizado por medios electrónicos de acceso al parque en determinadas fechas de gran afluencia (se habla del verano de 2022 pero ello exigirá un desarrollo técnico y la cobertura digital para todo el territorio del parque en dicho plazo sobre el que nos mostramos escépticos). Dicho esto, contemplamos de forma positiva su transformación y el carácter prioritario que se proporciona a viandantes y ciclistas sobre vehículos a motor.
Particular interés nos causa la seguridad jurídica de los propietarios de casas y negocios- de inmuebles-, un asunto que de momento queda en el limbo, bajo amenaza permanente del famoso “deslinde” y pendiente de una regulación posterior de la que se dan detalles poco claros. Y este punto resulta fundamental para socavar al apoyo de muchos que compraron propiedades de buena fe, aunque estas estén asentadas sobre las barreras tobáceas de las lagunas. Habrá por tanto que verificar al detalle qué tipo de actuaciones futuras son las que se deben llevar a cabo para respetar el principio constitucional de la propiedad privada. Otros dirán: “¡exprópiennos de una vez si quieren las lagunas como antaño!”. Pero pedirán lógicamente que les paguen un justiprecio por ello. Y se trataría de mucho dinero. Una situación a día de hoy desde luego poco realista y que nadie contempla.
El nuevo PRUG viene acompañado de una importante partida presupuestaria, aunque su distribución nos causa dudas. Se atribuye una partida muy importante al arreglo del Hogar del Pescador, en pocos meses nuevo Centro de Interpretación del parque natural, en el que se han invertido 1,3M€, y esto cuando ya se dispone de un centro de recepción e interpretación en Ruidera y existe otro en Ossa de Montiel que puede desempeñar la misma función, en las dos zonas de acceso principal al parque natural.
Poca o ninguna concreción contiene el borrador del PRUG sobre otro tipo de propuestas turísticas u organización del espacio, más allá de planteamientos generalistas. La musealización de espacios con valor natural, histórico-artístico, cultural e industrial parece obviarse, más allá de la habilitación del nuevo centro de interpretación, y la organización y habilitación de los espacios de uso y disfrute para el visitante a lo largo del parque tampoco queda especificada.
Por otra parte, la retórica repetida de “poner a Ruidera donde se merece” convive con nuevas intervenciones inmobiliarias de carácter muy dudosamente legal y efectuadas con poco disimulo. Sobre ellas entendemos se habrán incoado las correspondientes sanciones, pero la ley del “yo lo hago y ya veremos” parece que ha vuelto a imponer.
Lo mismo se puede decir del estado de ingobernabilidad y dejadez en el que se encuentra el parque desde hace tiempo, algo que se pone de manifiesto especialmente durante el verano. En dichas fechas resulta fácil advertir comportamientos inaceptables para un espacio natural protegido, como pernoctas y acampadas con vehículo (actividad ilegal), volúmenes musicales impropios, invasión de zonas de alta fragilidad ecológica (barreras tobáceas), reuniones de tipo botellón, suciedad general, etc. Realidades que avergüenzan a propios y extraños y que rebajan enormemente la calidad del espacio de Ruidera y su pretendida ambición de ponerse al más alto nivel. Aquí debemos decir que la intervención de las administraciones nuevamente ha dejado que desear, por su desacuerdo y por lo dudoso de la legalidad y lo apropiado de aquellas.
Resulta indudable que para que el nuevo PRUG necesitamos hacer un ejercicio de humildad por parte de todos, y admitir que no resultan factibles las posiciones maximalistas: todos tendremos que renunciar a alguna parcela que habíamos considerado de uso y disfrute privativo, pero todos deberemos salir beneficiados del acuerdo de la mayoría para que el parque natural de las Lagunas de Ruidera se convierta en un auténtico modelo de gestión y de participación ciudadana de altura internacional. Y que en el futuro nos podamos todos sentir orgullosos de ello.
