El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha firmado este mismo jueves la solicitud de 1,8 millones de euros procedentes de fondos FEDER con el objetivo de que se instalen en todos los pueblos, aldeas y pedanías de la provincia puntos de inclusión digital para erradicar el analfabetismo relacionado con las nuevas tecnologías.
Caballero, en una entrevista concedida a Onda Cero recogida por Lanzadigital.com, ha señalado que esta iniciativa persigue lograr que Ciudad Real sea la provincia mejor conectada a internet de España y con más número de puntos de acceso digital libres y gratuitos de toda España.
“Lo que estamos planteando es que todas las pueblos, aldeas y pedanías de la provincia cuente con un punto de inclusión digital, lo que supone la instalación de tres ordenadores con todos sus periféricos, incluyendo la impresora y conexión a internet, en espacios públicos para que estén a disposición libre y gratuita de todos los ciudadanos”.
El presidente de la Diputación ha señalado que se ha solicitado, aproximadamente, la colocación de unos 600 puntos de inclusión a internet, lo que significa la instalación de 1.800 ordenadores conectados a internet “que vamos a repartir hasta la aldea más pequeña de la provincia, aunque solo tenga un habitante”.
Analfabetismo digital
Ha destacado que se trata de una ambiciosa apuesta ya que el analfabetismo actual no está relacionado con la lectura y la escritura, sino con las nuevas tecnologías “ya que aquellos que no están conectados pueden ser excluidos. Somos muy conscientes de que las posibilidades de relacionarse con la administración, de encontrar empleo e, incluso, la atención sanitaria precisan de las nuevas tecnologías. Por eso queremos que pequeños y mayores, vivan donde vivan de la provincia, disfruten de esta inclusión digital en espacios públicos”.
Tras mantener conversaciones con el Gobierno regional en las que le han asegurado que se quiere agilizar el proceso lo máximo posible, José Manuel Caballero ha indicado que sus cálculos prevén que se pudiera estar licitando en septiembre u octubre para que la empresa los pudiera estar instalando entre diciembre y enero.
“Y todo ello con el objetivo, también, de tener después monitores a través de las universidades populares para que favorezcan esa inclusión digital, con lo que el siguiente paso que perseguimos es que todos los ciudadanos tengan su firma digital. Hoy es un porcentaje muy pequeño el que lo tiene y eso dificulta que puedan aprovechar todos los beneficios de las nuevas tecnologías”, ha apostillado.
