La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, Isabel Rodríguez Teruel, celebró este miércoles el fallo que declara inconstitucional y nulo parte del Real Decreto ley de 2013 que ampara las gasolineras desatendidas (no cuentan con personal), por vulnerar competencias autonómicas en materia de comercio interior.
La empresaria, que siempre se ha mostrado en contra de este tipo de establecimientos, aseguró en declaraciones a Lanza que “la ley tiene que ser igual para todos , y si consienten que haya estaciones de servicio sin personal, pues los demás tendríamos que despedir a nuestras plantillas”.
El auto del Tribunal Constitucional determina que la normativa que ampara estas instalaciones es “la base de su proliferación”.
Rodríguez Teruel se congratuló de la decisión judicial, ya que, en su opinión, los surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, representan “un claro perjuicio para la seguridad de las personas, para los derechos de algunos colectivos como los discapacitados y para el propio empleo”.
“Hay un montón de condicionantes como la contaminación, ya que los restos de carburante cuando se echa en el depósito se quedan en el suelo, mientras que nosotros utilizamos un producto que lo absorbe y luego se depura”, sostuvo.
Igualmente, para la también presidente de los empresarios del sector de gasolineras de Castilla-La Mancha, en la estaciones sin trabajadores “tampoco se garantiza el servicio a colectivos como las personas con algún tipo de invalidez”, y lo que, en su opinión, es más importante, como es el empleo. “Si funcionan los dos modelos, los puestos de trabajo podrían peligrar, porque la ley debe ser igual para todos”, reflexionó.
También apuntó otro argumento para desechar las instalaciones cuyo combustible es servido por los propios conductores, como son otros servicios adicionales al público, para medir el aire de las ruedas y el nivel de agua, además del uso de los aseos y las tiendas.
Con todo, Rodríguez celebró la sentencia porque “va a favor del trabajador, y porque es un servicio con un producto altamente explosivo”.
Recordó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que está vigilando el cumplimiento del decreto referido a los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro al por menor de carburantes en instalaciones de venta al público, cuya competencia reconoce ahora el Constitucional.
Este texto establece que todas estas instalaciones deben disponer de, al menos, una persona responsable de los servicios que prestan.
Actividad
Sobre la caída de actividad del sector, de hasta el 40%, durante la crisis, Rodríguez dijo que “hemos recuperado entre el 8 y el 9%”, aunque “no vemos que vaya hacia arriba”. No obstante, mantiene “la esperanza de que mejore la situación de cara al verano ”.
Volvió a criticar el céntimo sanitario por sus efectos negativos en la venta de carburantes para estos empresarios, frente a comunidades cercanas en las que no se aplica este impuesto o lo tienen con un porcentaje más bajo del tramo autonómico.
