La trágica muerte del pequeño Julen, tras caer en un pozo de Málaga, ha puesto el foco en este tipo de infraestructuras que se abren para buscar o sondear la existencia de agua, unas prospecciones en muchos casos ilegales que minan el campo español, y que podrían alcanzar el millón, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura.
Es el caso de Ciudad Real, una de las provincias más extensas de España, con miles de kilómetros de territorio agrícola y un alto número de concesiones para el aprovechamiento del agua subterránea en sus ocho masas vinculadas al Guadiana. Está plagada de pozos, entre los inscritos legalmente en las comunidades de regantes, y otros que no sólo no están dados de alta o incumplen la normativa medioambiental y de aguas, sino que han sido abandonados y tienen una localización desconocida.
Sólo en 2018, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), denunciaron la existencia de 64 pozos ilegales, más de la mitad de los 112 registrados en tres años en la provincia.
Ante este escenario y la alarma social creada por la falta de protección estimada en este tipo de recursos, varios ayuntamientos ciudarrealeños han entrado en acción y han empezado a tomar medidas para velar por la seguridad de sus ciudadanos, con distintas acciones para detectar y señalizar pozos e infraestructuras hidráulicas en sus respectivos términos.
Bando
Es el caso del Ayuntamiento de Torrenueva, que ha publicado un bando municipal para garantizar la seguridad e integridad física de viandantes y animales con los que se practican diferentes actividades en el campo.
El Consistorio se dirige en el edicto a los propietarios de pozos, norias, sondeos u otras estructuras hídricas y elementos asociados de captación de agua, especialmente a los que se encuentren semienterrados, abandonados o sin brocal, y les insta a cumplir la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.
El Equipo de Gobierno que dirige León Fernández recuerda a los titulares de las prosprecciones que “están obligados a tomar las medidas oportunas precautorias para que no causen ningún incidente o infortunio”, así como también pide la colaboración ciudadana, para que de manera particular las personas que se topen con este tipo de recursos sin protección, en mal estado o abandonados, comuniquen la incidencia a la Policía Local.
Control de la CHG
El Ayuntamiento de Valdepeñas ha ido más allá y su Corporación ha autorizado en el Pleno de este lunes un requerimiento a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para que haga un control exhaustivo y urgente de las norias, pozos y perforaciones que se localizan en el término municipal.
Todos los grupos han respaldado el envío de un requerimiento a la CHG para que atienda con “prontitud” la reclamación y adopte medidas “preventivas y correctoras” en los prospecciones que no estén cuidadas.
Circular
Alcázar de San Juan es otra de las localidades que también ha decidido actuar, tal y como han confirmado a lanzadigital fuentes municipales.
Al parecer, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento llevan tres semanas trabajando conjuntamente con el Gobierno regional, a tenor de los datos del catastro, en la localización de pozos abiertos en su término, con el fin de realizar un posterior control de su estado de conservación.
De la misma manera, el Consistorio alcazareño tiene la intención de hacerse responsable de las necesidades de los llamados pozos históricos, anteriores a la Ley de Aguas de 1985, algunos de ellos ubicados en terrenos privados.
Según la información recabada por este diario, el personal técnico municipal está preparando la documentación sobre la localización de esas insfraestructuras de riego, para dentro de unos días enviar una circular a sus titulares con indicaciones sobre la forma de protegerlas o clausurarlas, tal y como contempla la ley.
Gestión informativa
Por su parte, Siro Ramiro, alcalde de Almadén, ha realizado gestiones a título informativo con la Policía y la Guardia Civil para conocer cómo actuar de maner cautelar ante casos de pozos abandonados, aunque, según ha señalado a lanzadigital, en su término hay pocos “por la orografía”, y los que hay abiertos “están controlados, legalizados y tapados”.
