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El Gobierno de Castilla-La Mancha exige al Ministerio y a la CHT una auditoría que determine cuánta agua del trasvase se deriva a los regadíos ilegales del Levante

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El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que “investigue y pida una auditoría” para determinar la cantidad de agua procedente del Trasvase Tajo-Segura “va a abastecer los regadíos ilegales del Levante”.

Escudero se ha pronunciado así “tras conocerse que la Confederación Hidrográfica del Tajo reconocía por primera vez en la historia la existencia de más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en Murcia que están afectado negativamente el ecosistema del Mar Menor, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Escudero, que ha hecho estas declaraciones de forma previa a su participación en el ‘I Trail Río Dulce Centro de Interpretación de Mandayona’, ha resaltado que desde la región “no vamos a consentir ni un día más que el agua de nuestros embalses vaya a esos regadíos ilegales, mientras aquí nuestros pueblos ribereños incluso tengan que ser, en muchos casos, abastecidos por camiones cisternas para el agua de consumo humano”.

Modelo caducado de trasvase

Por eso, ha recalcado, “nuestra posición desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es muy clara: vamos a exigir al Ministerio que se cambie ese modelo caduco basado en un Memorándum que fue aprobado por el PP y Cospedal” y que perjudica claramente a esta región.

Asimismo, ha recordado que el pasado martes, el Consejo de Gobierno abierto celebrado junto a los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, aprobó dos nuevos recursos contra el trasvase porque “consideramos que la Justicia nos ampara y nos da la razón, pues el Tribunal Supremo ha determinado preservar el caudal ecológico del río Tajo.

Por tanto, ha concluido, con ese reconocimiento de la CHG de la existencia de regadíos ilegales, “queremos que tanto la Confederación y el Minsiterio determinen a través de una auditoría cuánta agua de esos regadíos ilegales se suministran de los acuíferos y cuánta del trasvase, “porque nos parece que no se puede permitir”.

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