Eduard Garzón, de 50 años y uno de los siete miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República (CDR) en prisión preventiva desde el pasado 26 de septiembre, cobra una pensión por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a 983 euros mensuales, según consta en el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press.
La documentación sobre estos pagos y otros aspectos de la vida personal del investigado ha sido aportada a la Audiencia Nacional, cuyo Juzgado Central de Instrucción número 6 le imputa junto al resto de presos preventivos por esta causa los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y de conspiración para cometer estragos.
INTERVENCIÓN EN UN DERRAME DE ACEITE EN UNA CARRETERA
Un informe de la Guardia Civil en el que solicita al juzgado que incorpore a la causa la grabación de comunicaciones se apunta que Garzón fue uno de los que provocaron el corte de carreteras durante el traslado de los presos por el ‘procés’ independentistas, entonces en preventiva, a las cárceles de Madrid para asistir al juicio en el Tribunal Supremo.
Así, el informe le sitúa junto a otros miembros del ERT, también investigados en la Audiencia Nacional como Jordi Ros, Guillem Duch y David Budria, en un “acto delictivo” que consistió en el “derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy” que trasladaba a los presos del centro penitenciario de Lledoners a la de Soto del Real.
Ello “generó un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera”, añade el mencionado informe.
En la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 están personados como acusaciones populares Vox, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Manos Limpias y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), representada por el despacho Fuster-Fabra Abogados y que además ejerce la dirección letrada.