El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama al Gobierno central saldar una “deuda” de más de 800 millones de euros acumulada desde 2012 en atención a la dependencia. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha pedido al Estado que asuma su “corresponsabilidad”, en el transcurso del Consejo de Gobierno que ha acogido el Palacio de la Serna de Ballesteros de Calatrava, presidido por Emiliano García-Page.
Tras aprobar un informe sobre el Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado este martes solicitar “una conferencia sectorial en la que se planteen compromisos y soluciones eficaces”.
Antes de afrontar nuevos retos a nivel nacional, García Torijano defiende que se resuelva la deuda pendiente y se realice un estudio económico para determinar los costes de los nuevos criterios de calidad en servicios y centros, porque podría traer “serios problemas” al sector y podrían afectar a las plazas residenciales.
La época de los recortes está en el origen de la deuda
El origen de la deuda hay que remontarlo a la época de los recortes, derivada de la crisis económica, durante los gobiernos del PP. Bárbara García Torijano, que ha estado acompañada de la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha afirmado que el Partido Popular “se cargó el nivel de financiación acordado”, de manera que desde entonces las comunidades autónomas han tenido que asumir la mayor parte del coste del servicio.
Hay que tener en cuenta que la Ley de la Dependencia diseña un sistema en el marco del Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) que establece tres niveles: el Nivel de Protección Mínimo, que corre a cargo del Estado; el nivel acordado entre las comunidades autónomas y el Estado; y el Nivel Adicional de Protección, propio de cada región. Así, en Castilla-La mancha las cuantías del Nivel de Protección Acordado pasaron de 16,8 millones de euros en 2011 a cero a partir de 2012.
En la actualidad, Castilla-La Mancha pone un 79 por ciento de la financiación y el Estado un 21. Así pues, la Junta gastó el año pasado en atención a la dependencia, según ha señalado la consejera, 468 millones de euros, mientras que solo 100 procedieron el Gobierno de España. En 2021, el Gobierno aceptó financiar al 50 por ciento el Nivel de Protección Mínimo, pero según García, “sigue siendo insuficiente”.
Castilla-La Mancha, segunda comunidad autónoma con mejor puntuación en dependencia
Pese a ello, el XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia valora con un 8,1 la atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, la segunda comunidad autónoma con mejor puntuación. Bárbara García Torijano ha destacado que la valoración no tiene nada que ver con la obtenida durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, cuando la región suspendió en esta materia.
Asimismo, la consejera de Bienestar Social ha destacado que el Gobierno de Page ha conseguido “reducir las listas de espera un 39 por ciento”, mientras que la media nacional está en el 16 por ciento. Castilla-La Mancha es además la segunda región en rapidez de atención a la dependencia, que llega a 63.800 beneficiarios y que supone 23.366 empleos.
Ayudas para favorecer el teletrabajo entre pymes y autónomos
En otro orden, la portavoz y consejera de Igualdad ha informado de que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que incluye una nueva línea de ayudas directas “para favorecer el teletrabajo o el trabajo a distancia principalmente entre pymes y personas autónomas”, con el objetivo de “ser más competitivas y favorecer la conciliación”, en el periodo entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.
De acuerdo al Pacto Social y Económico firmado en 2020 con los agentes sociales y que implica 185 millones de euros, la Junta pondrá sobre la mesa 1 millón, con posibilidad de ampliarlo otro medio, para la contratación de personas que teletrabajen o para la adaptación al teletrabajo de personas que acudían a sus centros de forma presencial. En el primer caso las ayudas llegan a los 3.000 euros por contratación y en el segundo a 700 euros por puesto adaptado.
Además, Blanca Fernández ha recordado los incrementos en subvenciones que contempla la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural de Castilla-La Mancha, que oscilan entre el 20 y el 40 por ciento en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. También hay incentivos por contratación de mujeres y personas con discapacidad.
El “bono social térmico” llega a 76.000 familias
En otro orden, Fernández ha informado de que las 76.354 familias beneficiarias del “bono social térmico” en Castilla-La Mancha “ya tienen el dinero en su cuenta corriente”, ayudas que oscilan entre los 128 y los 373 euros, a fecha del 31 de diciembre del año anterior.
El Gobierno regional realizó el pasado viernes la transferencia de casi 19 millones de euros, el doble del presupuesto inicial, para responder a los gastos de suministro, como calefacción o agua caliente, para personas en situación de vulnerabilidad en un contexto de subida desorbitada de los precios de la energía.