Un modelo negativo
El portavoz de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, Daniel González, explica que la dimensión de las llamadas macrogranjas -porcinas o avícolas- no es el principal factor negativo que rechazan, sino el modelo en sí mismo, capaz de “contaminar la tierra con purines, las aguas superficiales y las subterráneas”, como es el caso daimieleño cercano al acuífero 23.
A su juicio, ha de prevalecer el derecho público de la protección ambiental y la salud pública sobre los intereses de las empresas cárnicas, tal y como ha ocurrido con la anulación por el actual ejecutivo castellano-manchego de la autorización ambiental concedida en 2014 por el Gobierno Cospedal a una macrogranja porcina en Huerta de la Obispalía (Cuenca). De esta manera, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha dado cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que daba la razón al ayuntamiento conquense sobre el sobrepasado nivel de nitratos del agua de abastecimiento del pueblo.
González asegura que el modelo intensivo conlleva un “consumo brutal” de piensos, soja y maíz transgénico, que “vienen de fuera” y también provenientes “de agricultura intensiva”, asociada a emisiones de efecto invernadero.
También tienen efectos sobre la salud pública: enfermedades respiratorias principalmente por el amoniaco y las partículas PM2,5, contaminación de aguas por nitratos, resistencia antimicrobiana y en la dieta por exceso de consumo de productos de origen animal que lleva a enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal (la carne roja está considerada por la OMS como posiblemente cancerígena y la carne procesada como cancerígena), diabetes y obesidad.
A juicio del ecologista, estos proyectos se están extendiendo en regiones españolas como Castila-La Mancha, principalmente en provincias como Albacete, Guadalajara y Cuenca, debido a una legislación nacional “menos dura” que en países como Alemania o Dinamarca, por los bajos costes de producción y para atender las demanda de carne de cerdo creciente en China.
La región castellano-manchega cuenta, según los datos de 2018, con 1.509 explotaciones porcinas de diferentes líneas y mataderos, y González muestra su preocupación por el aumento de actividad industrializada en la región, con una gestión de 30 millones de cabezas (después de crecer en cinco), tras la llegada de empresas desde comunidades como Aragón, Murcia y Cataluña.
La provincia de Ciudad Real -tiene 272 granjas de cerdos y mataderos- ha empezado, según González, a tener más presencia del modelo intensivo y por ello miembros de Ecologistas en Acción ofrecerán en junio sendas charlas en Almagro y Daimiel “para dar a conocer las consecuencias de esta actividad industrial”.
Por el contrario, la organización conservacionista defiende el modelo extensivo, el pastoreo tradicional, que favorece la economía local y contribuye a poner freno al calentamiento global y a la pérdida de diversidad biológica.
Competitividad
Distinta opinión defiende Asaja a favor de las explotaciones en intensivo, que tienen como principal objetivo ser eficientes a la hora de aprovisionar a una industria agroalimentaria cada vez más competitiva en los mercados internacionales.
Las macrogranjas “crean riqueza en el territorio y cumplen la normativa exhaustiva medioambiental sobre el destino de los vertidos y los purines”, señala el secretario técnico de Asaja Castilla-La Mancha, Arturo Serrano. La organización, aduce Serrano, apoya los proyectos “en extensivo, semiextensivo, intensivo y semintensivo que cumplan con la legislación”, frente a las acciones “conservacionistas que disminuyen el desarrollo de los municipios y aceleran la despoblación”.
Señala que no es lo mismo un cebadero que una granja de producción con un sistema de “ciclo cerrado”, donde por cada madre se ceban diariamente 12 cerdos, y en el caso de que hubiera miles de cerdas se requerirían grandes superficies.
También llama la atención sobre el entramado laboral que se activa en los municipios con actividad ganadera, donde se da trabajo a “los albañiles, o los herradores”, al margen de cumplir “unas de las normas más exigentes que hay”.
Obligaciones medioambientales
Vidal Montoro, profesor de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, explica que una macrogranja, entendida como una explotación intensiva de ganado, con los animales estabulados y una producción más industrializada, no tiene una capacidad contaminante per se, puesto que tienen exigentes obligaciones medioambientales.
Sólo “si se pervierte lo autorizado” podría tener consecuencias dañinas para el entorno y para el propio bienestar de los animales.
El concepto de macrogranja no está definido en los ámbitos competentes, y se podría considerar como tal, apunta el docente, a una explotación que supere la gestión media de animales en España. Por ejemplo, en el caso de una granja intensiva de ciclo cerrado de porcino (en las que se realizan todas las fases: reproducción, transición y cebo), estaría en el promedio de algo más de 600 cerdas y unos 3.000 lechones.
Una de la razones por la que, apunta Montoro, las explotaciones agrarias en general y las granjas en particular han reducido su número e incrementado el tamaño se debe a las duras condiciones de competencia a nivel nacional e internacional.
¿Pero un sistema ganadero intensivo representa más amenazas?
No tiene por qué, sostiene el docente, dado que no es directamente proporcional la relación al tamaño: una granja pequeña con una gestión “descontrolada” puede generar una contaminación mayor que otra de más volumen que siga escrupulosamente los requisitos para su implantación y desarrollo.
La normativa –europea, nacional autonómica y municipal- es “muy exigente y compleja” y, por tanto, “muy garantista”, y una vez la granja esté en activo, será la administración la encargada de hacer el seguimiento de los procesos productivos y del nivel de cumplimiento de los criterios requeridos.
Este marco normativo, según Montoro, garantiza con carácter generalista que los alimentos que consumimos “sean seguros”, y hayan sido transformados con sistemas respetuosos con el medio ambiente y protectores del bienestar animal.