En ese sentido, Alcolea urge a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha a que facilite la relación de existencias de vino, por tipo y según pliegos de condiciones (Denominación de Origen, Vinos de la Tierra, Indicación Geográfica Protegida -IGP- o mesa), a nivel regional, detallada y desglosada por zonas de producción y añadas.
También solicita la relación global de ubicación de dichos vinos, por tipo y zona de producción, tanto en depósito, barrica, botellero o en transición o pendiente de calificar aptitud.
El dirigente agrario también pregunta por las actuaciones realizadas por la Consejería referentes a la verificación de la existencia real de dichos vinos y su ubicación o localización y los datos aportados por operadores, así como por las actuaciones realizadas sobre certificadoras con el fin de verificar la corrección de los controles y certificaciones realizadas por éstas.
Alcolea afirma que las administraciones deben “de una vez por todas perseguir el fraude en el sector del vino a través de una trazabilidad real del producto elaborado con la uva, porque de lo contrario, nunca se conseguirá ese valor añadido para el vino castellano-manchego y el sector vitivinícola regional seguirá muy perjudicado”. Incide en que es “fundamental” aplicar regímenes sancionadores severos y acordes a los perjuicios causados porque estarían causando “una posible estafa a los agricultores y posible fraude a los consumidores”.
Además, insta a publicar ya la normativa referente a las entidades certificadoras de productos vínicos que se encuentra pendiente en la Consejería de Agricultura, y apunta que “los datos ofrecidos por las certificadoras deben ser claros en cuanto a su contenido y deben de contener los vinos por variedades y por tipo de vino, mosto o alcohol sino por el destino de estos vinos (joven, crianza, reserva o gran reserva)”.
Señala que se debe publicar el parque de barricas existente a nivel regional y sus modificaciones de forma periódica, así como relación de botelleros existentes, que aseguren y soporten el nivel y cantidad de vinos de crianza, reserva y gran reserva existentes en el mercado.
Por último, demanda un control real de inexistencia de prácticas anticompetitivas o de seguidismo entre industriales en la vendimia a la hora de fijar el precio de la uva (o posteriormente del vino procedente de cooperativas), asegurando así las normas legales de la Leal Competencia y las Normas Básicas de Mercado, en lo referente a la Ley de la Oferta y Demanda.