Poner en jaque el futuro de todos, por el capricho dogmático de los gobernantes que aspiran a aplicar medidas cortoplacistas, es un craso error. No nos engañemos pensando que la solución está en parchear una ley educativa que a lo único que aspira es a saciar el ego de unos pocos cambiando el color político de la misma.
Despertemos del sueño letárgico de las vanidades, dejemos de mirarnos el ombligo y escuchemos a la sociedad que pide que no se adoctrine a sus hijos y que se formen buenas personas, ciudadanos competentes, emprendedores, respetuosos con los valores comunes de una sociedad democrática y capaces de solucionar los problemas que surjan en el camino. Hablemos menos y escuchemos más.
Nosotros hemos estado escuchando las demandas de los vecinos de nuestra localidad y para satisfacerlas sabemos que habrá que ser altruista y enarbolar la bandera del consenso.
Las demandas locales son la mayoría de las veces un reflejo de las demandas generales y pasan por seleccionar y formar a nuestros docentes; adaptar la educación a las necesidades del aula; ampliar los itinerarios educativos y garantizar la enseñanza a lo largo de la vida; dar un salto de lo conceptual a lo competencial y de lo individual a lo grupal; fomentar la creatividad como verdadera expresión de emociones y como estrategia de resolución de problemas; y, por supuesto, implicar a toda la comunidad educativa en un combate sin tregua contra todos los factores que abocan a los jóvenes al fracaso escolar, verdadero lastre en la inclusión efectiva y en la socialización democrática.
Hay que recordar que fue apenas hace setenta años, el 11 de diciembre de 1948, cuando en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge que la educación es un derecho y que hace poco más de cuarenta años ese derecho queda apuntalado en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por tanto, no llegar a un pacto educativo significa, entre otras cosas, no garantizar un derecho, no cumplir con un deber y deambular desarmados por la senda de la incertidumbre.
Secuestrar la educación es un delito que se paga muy caro. La condena es la privación de un futuro sostenible para todos. Aún estamos a tiempo si hay voluntad de actuar conjuntamente.
*Docente y miembro del grupo de expertos de educación Cs C-LM