La reserva de los pantanos de la provincia ha rozado esta semana los 300 hectómetros cúbicos de agua que se reparten entre los 118,5 hm3 que almacenan los gestionados por la Confederación del Guadalquivir (Montoro y Fresneda) y los 177,6 hm3 que suman los siete que se encuentran bajo la tutela de la Confederación del Guadiana. La rotundidad de las cifras ha generado cierto optimismo no en vano hace unos meses fueron aprobadas restricciones para el riego por la delicadísima situación de los pantanos de la cuenca del Guadiana y aunque las medidas no afectaron al abastecimiento, la preocupación era más que evidente en la población.
Los datos de agua embalsada, sin embargo, no nos deben confundir porque no son lo suficientemente rotundos como para invitar a echar las campanas al vuelo. La realidad es que aunque el incremento de las reservas sea evidente, el agua embalsada apenas llega al 45 por ciento (44,6%) de la capacidad total de la cuenca del Guadiana, es decir, poco más de seis puntos por encima de la que había hace un año debido a las lluvias de finales de febrero y sobretodo – de marzo, de ahí la necesidad de ser cautelosos en las declaraciones pero sobre todo en la racionalización del consumo.
El entusiasmo que ha provocado en la población volver a ver correr el agua por muchos de los ríos cuyo cauce había desaparecido hace tiempo o ver cómo los pantanos recuperan niveles olvidados no debiera impedirnos observar esa triste realidad que se impone paulatinamente en la España seca como es la dependencia que tenemos de la lluvia a la que se suma la escasez crónica de agua derivada de los efectos del calentamiento del planeta y de un consumo cada vez mayor. Lo explicaba la periodista de Lanza, Belén Rodríguez en un reportaje publicado en este Semanario y en el que recogía las aportaciones de organizaciones conservacionistas quienes se inclinaban por la aplicación de la Directiva Marco del Agua ya que incorpora los mecanismos legales suficientes como para hacer un uso sostenible del agua que mantenga el equilibrio del ecosistema y el abastecimiento ante los reiterados ciclos de sequía que padece la España seca.
Esta Directiva contempla que es la Unión Europea la que debe organizar “la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías”.
Trasvasar agua del Tajo
Y es la ley la que contempla trasvasar agua desde la cabecera del Tajo a Valencia y Murcia cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía sumen 400 hectómetros cúbicos, una cantidad que se ha sobrepasado levemente y que ha propiciado que la Comisión de Explotación pida al Ministerio de Agricultura derivar 60 hectómetros cúbicos de agua a repartir en tres veces entre abril, mayo y junio. Con el ruido de fondo de las protestas de los pueblos ribereños más Toledo y Talavera de la Reina que se alzan en defensa del Tajo, cuya supervivencia está muy amenazada, el Gobierno central rubricará la petición del Ministerio, petición que vuelve a cuestionar el trasvase al Levante de la forma que se ha venido haciendo hasta ahora.
El centro de la península vive hoy unas circunstancias medioambientales distintas a las que propiciaron el trasvase hace 39 años mientras se incrementan los niveles de producción en el campo receptor. Es cada vez más necesario, por tanto, una gestión hídrica adecuada que incluya la racionalización del consumo de agua para evitar disparates como el triple trasvase. Francamente, ha sonado a bofetón.