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300 militares afectados en Ciudad Real por la jubilación forzosa a los 45 años

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Unos trescientos militares de la provincia de Ciudad Real de los 70.000 afectados en toda España se verán forzados a jubilarse a los 45 años en los próximos cinco años, aunque la mayoría quiere seguir en el Ejército. Son las consecuencias de la aplicación de la ley de tropa y marinería de 2006 que afecta al personal con contrato temporal (no han conseguido una plaza fija), contra la que se ha creado la plataforma 45 Sin Despidos.

El soldado del Ejército del Aire Francisco Pérez Mena es uno de los activistas de esta plataforma (coordinador del grupo de Twitter) de reciente creación que está intentando negociar con el Ministerio de Defensa la derogación de la ley o que se les facilite la reinserción en la vida civil.

Jubilado a los 45 con 600 euros de pensión

Pérez Mena no quiere irse, “pero nos echan con una pensión no contributiva de 618,92 euros al mes y dos años de paro” (él ya está en esa situación desde hace unos meses). Además tienen limitadas sus opciones profesionales: en el momento que consigan un empleo en una administración pública perderían esa pensión, la otra alternativa es el mercado laboral privado, “y todos sabemos como está para alguien de 45 años”, denuncia Pérez.

“Aparte de estar todo el día dando guerra, en horario de siete a ocho de la tarde nos reunimos en Twitter y reclamamos al Ministerio de Defensa y a los ejércitos  que deroguen una norma obseleta y se nos dé una solución o se nos facilite la reinseración en la vida civil. No queremos dejar el Ejército”, explica.

El número de afectados en Ciudad Real también incluye personal del Batallón de Almagro (unos 170) y aunque son pocos en comparación con el resto de comunidades autónomas, han iniciado una ronda de contactos con diferentes colectivos para recabar apoyos en la provincia.

La próxima reunión del grupo, que quiere constituirse en asociación, la celebrarán este sábado en Madrid. 45 Sin Despidos también cuenta con el respaldo de Jusapol, la plataforma que pelea por la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas.

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