Los precios con que se están realizando las operaciones de compraventa de la actual campaña de vendimia en las dos grandes industrias vinícolas -Félix Solís y Vinartis-García Carrión- que trabajan en el ámbito de la DO Valdepeñas “no son rentables” ante la subida de inputs y la bajada de producción, según representantes de varias organizaciones de los productores.
Se trata de valores recogidos por primera vez en contratos individualizados, en vez de en las famosas listas plasmadas en una pizarra o en un folio, conocidas como tablillas, que cada año eran esperadas por los viticultores con gran expectación.
Este cambio de método en la recogida de los precios es una de las novedades de la vendimia 2022-2023, iniciada el pasado 1 de agosto, y, en términos provinciales, ya lleva muy avanzada la recolección de varietales, a pocos días de empezar con la variedad airén. Otra novedad es la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, aprobada en las Cortes regionales el pasado 28 de julio y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre
Los precios fijados por el grupo Félix Solís, han informado desde Asaja, se sitúan en los 0,19232 euros el kilogrado (3,20 pesetas por kilogrado) para la tinta tempranillo, y 0,017429 euros el kilogrado (2,90 pesetas) de blanca airén.
En el caso de la tinta, están pagando, además, un 60 por ciento más si se trata de uva destinada a la elaboración de vino con Denominación de Origen Valdepeñas -5,12 pesetas por kilogrado- así como el valor se está incrementando en 0,06 euros el kilo de uva (9,98 pesetas) si está recolectada a mano.
También están sumando una prima de 0,01202 euros por kilo (2 pesetas) para ambas variedades si es el agricultor el que las transporta al centro de producción.
En la misma línea, los precios de la uva que cumplimenta la compañía García Carrión se han establecido por debajo: a 0,017 euros el kilogrado (2,80 pesetas) la airén, y a 0,015 euros (2,50 pesetas) el de uva tinta Tempranillo. Esta tinta con DO Valdepeñas se compra por 0,028 euros/kilogrado (4,65 pesetas), y las varietales a 0,029 euros el kilo (4,90 pesetas).
Se trata de cotizaciones “bajas” para Francisco Patiño, responsable de la sectorial vitivinícola de Asaja en la zona de Valdepeñas, quien asegura que en el caso de la uva tempranillo “está por debajo incluso del fijado el año pasado”.
Son precios “irrisorios”, señala el portavoz, a tenor, “de las mermas de producción que estamos constatando, por debajo de las estimaciones inicialmente previstas”. Por ello, el portavoz vinícola ha pedido a la Consejería de Agricultura, encargada de la gestión y el control de la interprofesional de la DO Valdepeñas -en fase de disolución- “que facilite datos sobre la cantidad de vinos de la DO que se ha vendido, en qué destinos y de qué gama, además de la cifra de barricas”.
900 euros menos
Por su parte, la Coordinadora Agraria COAG de Castilla-La Mancha también ha alertado de la imposibilidad de cubrir los costes de producción por parte de los viticultores manchegos con los precios lanzados por Félix Solís, (0,20 €/kg para blancas y 0, 24 €/kg para tintas).
Según sus cálculos, “perderían 900 euros por hectárea de uva blanca airén y 1.000 euros por hectárea en tinta tempranillo”, dado que la inversión de los viticultores es de 0,43 euros y de 0,52 euros el kilo, respectivamente.
Por ello, piden “intensificar los controles ante la opacidad de industriales y bodegas en el primer tramo de la presente vendimia”, ante “la confusión e incertidumbre por la ausencia de tablillas con precios de referencia”, indica el responsable del sector vitivinícola de COAG CLM, Joaquín Vizcaíno.
Recuerdan que la Ley 12/2013 de mejora de la Cadena Alimentaria obliga a tener firmado un contrato de compra-venta -con el precio acordado y las condiciones de pago-, que podrá ser exigido por los inspectores la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
También Asaja Castilla-La Mancha ha instado a los viticultores a que acudan a la AICA para denunciar “cualquier irregularidad que se produzca en la compra venta de uva para que se persiga y se sancione a aquellos que se saltan la ley”, al pagar “a precios que no superan los costes de producción”.