La publicación en la edición de ayer del Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha del acuerdo de la Mesa estimando la solicitud de reconsideración, planteada por Llorente, abre de nuevo la puerta a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, dejando sin efecto el veto que había realizado el Ejecutivo de García-Page, cuyo Consejo de Gobierno justificó su negativa en un presunto aumento de crédito presupuestario para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en que la actividad cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula, argumentos que la Plataforma calificó de peregrinos y que desmerecían la preocupación mostrada por las comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras raras.
En la redacción del texto de la proposición de ley se han tenido en cuenta las aportaciones de los distintos grupos políticos con presencia en la Cortes regionales, con los que la Plataforma viene manteniendo contactos desde el mes de mayo de 2018, y que en el caso del Psoe se han materializado en varias reuniones con la portavoz parlamentaria, Blanca Fernández y el Viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, de las cuales han surgido modificaciones en la Proposición de Ley hasta ajustarla al texto registrado en las Cortes.
Una vez más, el Grupo Socialista está a tiempo de sumarse, sin más dilaciones, al debate y aprobación de esta ley cuyo texto es coherente con la manifestado en las diferentes resoluciones sobre minería de tierras raras aprobadas por mayoría absoluta en las Cortes regionales durante esta legislatura y en las que se deja claro que esta actividad extractiva es una grave amenaza para la biodiversidad, así como para la salud humana y el desarrollo socioeconómico, con base en múltiples estudios científicos internacionales.