Belén Rodríguez
Ciudad Real
Anchuras, el pueblo ciudarreleaño en plenos Montes de Toledo que ya luchó en los años ochenta para evitar ser arrollado por un campo de tiro de Defensa (esos terrenos pasaron al final a manos privadas) podría experimentar una agresión comparable de prosperar los planes de venta de terrenos públicos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para contribuir a reducir el déficit.
Nueve de las 19 fincas en la provincia de Ciudad Real supuestamente preseleccionadas por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para salir a la venta están en ese término municipal, según refleja el listado del informe de la organización Ecologistas en Acción al que resta credibilidad el Gobierno regional, pero que según Vicente Luchena coordinador los conservacionistas, no hace más que plasmar “lo que la propia Junta encargó a sus técnicos”; “esos montes están en el bombo y les puede tocar salir a la venta”, remata.
En ‘el bombo’ como dice Luchena aparecen las fincas Caparroso, Gallego, Solana del Valle Gamonoso, Umbría Corchero, Robliza y Cerro Estenilla, Escardanchosa, Caramujales, Valdegracia, Colonias, Plaza de Ver y Valtravieso, La Higueruela y Chaparrera y Lagunilla, “todos los montes públicos que nos quedan”, explica el alcalde Santiago Martín, que teme que esos terrenos “vayan a manos de los grandes terratenientes colindantes que me consta que hace tiempo se interesaron por algunos”.
Anchuras ya se ha soliviantado ante la posibilidad de quedarse “sin un palmo de terreno propio”, apostilla Martín, conscientes de que “si todo esto pasa a manos privadas será vallado con lo cual, como en cualquier propiedad privada, no se permitirá el acceso ni para pasear por los pinares ni para recoger níscalos que es lo que hace la gente aquí”.
En Anchuras la movilización, “un camino largo que no ha hecho más que empezar”, en palabras de Vicente Luchena, ha comenzado esta semana. El jueves el pleno sacó adelante con los votos a favor de los cuatro concejales del PSOE y la abstención de los tres del PP una moción contraria a la venta de los montes públicos y de inicio de una campaña de recogida de firmas. Para Martín la información difundida por los ecologistas y no negada por la Junta, al menos en cuanto a seguir adelante con la venta de fincas “infrautilizadas”, “están fundados por lo que tendremos que manifestar nuestra oposición antes de que se haga”.
El alcalde de Anchuras con 300 vecinos dice también que a la gente le preocupa qué va a pasar con los retenes contra incendios del pueblo que trabajan en la prevención de fuegos, “si no hay montes públicos entendemos que la protección pasaría a manos privadas con lo cual además de privatizar las pocas tierras que se quedan se cargan puestos de trabajo”.
“Me parece irrisorio el dinero que según he oído podría pagarse por cada hectárea, entre 900 y 1.300 euros, por no hablar del dinero público que se pierde. Hasta ahora la Junta había hecho muchísimas inversiones, me consta que en esas fincas hay unos caminos que ya los quisiéramos para el resto del pueblo…entregar eso ahora no no nos parece normal”.
El alcalde anchureño cree que para malvenderos “mejor nos podrían ceder algo al Ayuntamiento y ya sacaremos recursos para autofinanciarnos”.
Anchuras es sólo un ejemplo, el más clamoroso por número de montes y de hectáreas afectadas, 4.078, el resto hasta 19 montes que completan 10.000 hectáreas -según el listado de Ecologistas en Acción- lo forman terrenos públicos del Valle de Alcudia y otros montes del suroeste de la provincia con espacios incluidos en las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y de interés comunitario (LIC) de Sierra Morena, lo que refleja “la enorme dimensión ambiental y territorial que puede alcanzar” en palabras del grupo.
La organización que está dispuesta a no tolerar que se venda una sola hectárea explica que su listado, que pone en cuestión la Consejería de Agricultura, “es el resultado de un proceso de selección de montes candidatos a la venta de entre todos los que figuran en los catálogos provinciales de Montes de Utilidad Pública publicados en el año 2012.
El resto de municipios con montes susceptibles de ser vendidos son Hinojosas, Viso del Marqués, Saceruela, Cabezarrubias del Puerto, Puertollano (que como Anchuras ya se está movilizando), San Lorenzo de Calatrava, Fontanarejo y Abenójar.
Ojuelo y Los Pilones I, en Cabezarrubias y Abenójar, son las fincas más grandes.
Ciudad Real, la provincia con más montes
Según el informe de Ecologistas en Acción por provincias la más afectada en número de montes susceptibles de salir a la venta sería la de Ciudad Real con 19 preseleccionados, seguida por Albacete y Guadalajara con 13 y 11 respectivamente. En un tercer escalón queda Cuenca, con 8 montes, y Toledo con 6.
En términos de superficie es Albacete la más afectada, con algo más de 11.000 hectáreas,
mientras que Ciudad Real y Guadalajara rondan las 10.000 hectáreas.
Sin embargo, en proporción a la superficie de montes de utilidad pública existente, la
provincia más afectada por la medida es Toledo, donde se pondrían a la venta más del 50%
de las superficies de los montes de utilidad pública existentes, seguida de Ciudad Real con casi el 30%. EA cree que “este desequilibrio sin duda tiene que ver con la presión de los intereses cinegéticos que operan en estas provincias y que están influyendo para que salgan a subasta el mayor número de montes que sea posible de estas zonas.
Por municipios, la distribución es más equilibrada, salvo por una muy llamativa
excepción. Casi todos los municipios afectados lo son por un sólo monte e utilidad pública o
a la sumo dos, excepto Anchuras con nueve.