El juez Carmelo Ordóñez, titular del juzgado de primera instancia 4 de Ciudad Real, al que se la asignaron en junio las competencias en cláusulas suelo, asegura que es tal el número de demandas que han entrado que si no llegan refuerzos en dos meses “tendré que ordenar que no toque nadie un papel porque se hunde el juzgado”.
Ordóñez confía en que no haya que llegar a una situación tan extrema, pero ni a él ni a su equipo de funcionarios les queda otra: “Sin medios no es posible sacar todo este trabajo”, recalca.
En peligro los asuntos de lo Mercantil
También con competencias provinciales en lo Mercantil, este juzgado mantiene el tipo a duras penas, “nos ha costado mucho esfuerzo sacar adelante el grueso del trabajo de los concursos de acreedores, para que por estas nuevas competencias perdamos lo que hemos conseguido”.
Ordóñez considera que además de un juez de apoyo (eso ya lo tienen), es necesaria la figura de un letrado de la administración de justicia y de cuatro funcionarios (tres para que estén adscritos al Servicio de Ordenación del Procedimiento, SCOP, y uno para el juzgado en sí), de otra forma ve imposible atender todas las demandas y celebrar las audiencias.
768 demandas en dos meses y poco
Desde el 1 de junio y hasta 12 han entrado 768 demandas, una barbaridad si se tiene en cuenta que la media anual de asuntos civiles en juzgado mixto de la capital es de 900. A este ritmo sólo en asuntos de cláusulas suelo podrían entrar 3.000 al año (el juzgado también hace guardias e instruye causas penales). Aún así los funcionarios de Instrucción 4, dos de ellos con una prolongación de jornada remunerada de unas horas, están intentando ver al menos cinco de estas demandas a la semana.
En cuanto a audiencias previas, tal y como exige el Consejo General del Poder Judicial, ya se han fijado unas quince. En ellas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto quedaría ya visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración de juicio.
Todo el sector judicial apoya la exigencia de refuerzos para estas cuestiones, tras el aluvión de demandas que se está produciendo en todo el país, y el plan del Consejo General del Poder Judicial.
El plan de urgencia, en el que se empezó a trabajar en el mes de febrero, tiene de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, con la posibilidad (ya realidad) de prorroga.
El CGPJ pensó en esta solución (especializar un juzgado por provincia) a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 que declaró ilegales este tipo de cláusulas, por las que miles de consumidores han pagado de más en sus hipotecas.
A partir de 2013 ya se consideraron ilegales, la sentencia Europea fue más allá y reconoció la retroactividad de todos esos pagos desde que empezaron a cobrarse, desde 2009.
Aunque se supone que el consumidor podía y puede negociar con su banco, en la práctica se está viendo que sólo está funcionando la vía judicial.
La Junta de Personal de Justicia de Ciudad Real se ha planteado hacer movilizaciones si no llegan refuerzos para este juzgado.