Izquierda Unida ha pedido a GICAMAN soluciones para las viviendas de Joan Miró, 14, cuyos propietarios están cansados de convivir con difíciles situaciones en este bloque.
Juan Ramón Crespo, coordinador de IU en Castilla-La Mancha, manifestaba que se trata de una empresa pública la que tiene que gestionar estas viviendas, aunque destacaba que la de Puertollano no es una situación “única ni exclusiva”, ya que afirmaba hay otros problemas en otras viviendas públicas de la región que también son gestionadas por esta misma empresa pública.
Consideran que debe haber una responsabilidad política por la gestión que esta empresa pública hace con estas viviendas que “no gestiona ni mantiene adecuadamente su patrimonio”. Por este motivo han realizado una solicitud al Tribunal de Cuentas para que audite estas cuentas públicas -44 millones de euros según IU- y saber en qué se están invirtiendo.
Elcogas
Por otra parte, Crespo se refirió a la caída de la torre de Elcogas y con ella la caída de los puestos de empleo que un día trabajaron en esta central. Así, acusó al gobierno regional de ser “incapaz de plantear una salida de desarrollo sostenible para nuestra región”, y como prueba puso a la ciudad de Puertollano que ha ido perdiendo empleos de sus industrias progresivamente. “Page es incapaz de revertir esta situación porque Elcogas era una empresa innovadora y han sido capaces de dejar caer esta industria, no vemos ni un gesto por mantener la industria de Castilla-La Mancha”.
Sanción a vecinos en el pleno
Por último, Crespo calificó de “inconsecuente” la sanción que han recibido tres vecinos que fueron desalojados del pleno del mes de abril y una sanción de 600 euros a cada uno. Desde IU se afirma que los vecinos cuando se expresan en un pleno municipal, sin provocar disturbios, no tiene por qué significar el desalojo del pleno, por lo que habló de “insensibilidad” por parte de la alcaldesa y aseguró que recurrirán esta sanción porque, además, fue firmada el 13 de junio cuando el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ya había sido cesado.
Así, afirmó que trasladarán esta situación al nuevo Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha para que “se quede en nada y no se sancione de una forma tan gravosa”.