No pudo ser en el Servicio de Mediación de la delegación de Trabajo de Ciudad Real y será en un juzgado de Lo Social donde se categoricen los niveles salariales del convenio colectivo del Campo de la provincia, en base a la aplicación de los 900 euros fijados por ley en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que sindicatos (CCOO y UGT) y empresarios (Asaja) entienden de distinta forma.
“Nuestra intención es que se cumpla el SMI, en proporción a las catorce pagas y media que hay en el sector hasta completar los 12.600 euros anuales”, ha señalado a lanzadigital David Vera, responsable de la Federación de Industria de CCOO en Ciudad Real.
“No puede ser, ha comentado, que un tractorista perciba al año 11.680 euros en un sector tan importante para la provincia”, y ha aclarado que como parte social piden que los trabajadores cobren los 12.600 euros anuales cerrados en el acuerdo laboral del pasado septiembre, distribuidos en pagas mensuales de 869 euros, a tenor de la particularidad de este colectivo, que tiene fijadas catorce pagas y media al año.
La divergencia con la patronal está en que los sindicatos instan a aplicar el SMI como base salarial porque en “las tablas del convenio no existen complementos”, mientras que Asaja “nos planteó incorporar un complemento por productividad u otro concepto y les dijimos que era incomprensible”.
Según Vera, esa disconformidad les ha llevado a plantearse el proceso de conflicto colectivo, que será trasladado en los próximos días a los jueces, en una demanda en la que trabajan sus servicios jurídicos.
El sindicalista espera que la sentencia “no se demore mucho y nos sea favorable”, a la vez que no ha descartado movilizaciones para protestar por las “condiciones salariales que viven los trabajadores del campo en la provincia de Ciudad Real”, con sueldos medios de 747 euros para peones, un 17% por debajo de los trabajadores agrarios de otras provincias.
Dos normativas
Por su parte, Agustín Miranda, gerente de Asaja Ciudad Real, ha defendido la compatibilidad de las dos normativas, es decir, el decreto ley que regula el nuevo SMI, y las condiciones que marca el convenio colectivo para los 10.000 trabajadores de la provincia.
“Si hacemos lo que nos estaba pidiendo el sector sindical podría incidir en contra de la voluntad del legislador”, ya que, tal y como ha explicado, hay trabajadores que rebasarían los 900 euros al mes, al cobrar los 869 euros que pide la parte social más otros 60 euros por antigüedad.
“Estos empleados también tienen derecho a que no se les modifique sus condiciones en la estructura salarial”, ha dicho, a la vez que ha recordado las propuestas de su organización “para compatibilizar las dos normas”, con la obligación de que “el empleador cumpla las dos, y las empresas incrementen los salarios si están por debajo del SMI”.
“Respetamos el SMI, ha matizado, pero entendemos que la Administración no ha tenido en consideración las formas de relación entre los trabajadores y los empresarios”, al haber “introducido un desorden en los acuerdos marcos de los convenios”.
En concreto, Miranda ha cuestionado el procedimiento para implantar el salario mínimo porque “interfiere en las negociaciones tradicionales de los convenios”, y ha precisado que, según la propia normativa, el SMI puede ser calculado con el salario base y la suma de los complementos, excepto los que se den en especia, como por ejemplo los alojamientos.