Otro de los temas más polémicos a los que se enfrenta José Martínez, como presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) es la fase de ocupación de medio millar de hectáreas en el margen izquierdo del Guadiana a su paso por Daimiel, propiedad de 62 agricultores, dentro del procedimiento de deslinde abierto hace varias décadas para delimitar el dominio público hidráulico del río en esa zona y así dar cumplimiento a la Ley de Aguas.
Los titulares de las explotaciones reclaman su legitimidad como propietarios, mientras que desde la CHG explican que se trata de la continuación de un expediente iniciado hace 30 años, con el que ya se ha recuperado 350 hectáreas de otros productores en similares condiciones, y que obtuvo el respaldo legal en 1994 con una sentencia del Tribunal Supremo.
Martínez sostiene que “cada uno tiene su visión y están en su derecho de recurrir la resolución”, si bien, legalmente, el dominio público es “imprescriptible, inalienable e inembargable”. “Podemos discutir, agrega, si los caudales del deslinde son correctos o no, mayores o menores, pero la tramitación administrativa ha sido correcta”, dado que, a su juicio, han dado cumplimiento a todos los protocolos, inclusive la Abogacía del Estado “ha considerado que el expediente se desarrollado de forma reglamentaria”.
Considera que son jueces “los que dictaminan a quien dan la razón”, y ya desde el pasado enero iniciaron la instalación de las estacas para delimitar los 13,5 kilómetros que la Administración considera de dominio público hidráulico entre los molinos de Zuacorta y Molemocho.