“No nos hemos apoderado de nada, nuestras fincas son nuestra vida y nuestro pan, las compramos legalmente, tenemos las escrituras, la documentación del registro de la propiedad, del notario, del catastro, de la contribución y la de la gestión de las ayuda de la PAC”. De esta manera Soledad Fernández Torrijos defiende, en nombre de los 62 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas (suman más de 500 hectáreas), su resistencia a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) haya iniciado la fase de ocupación de sus propiedades “a coste cero” dentro del procedimiento de deslinde abierto hace varias décadas para delimitar el dominio público hidráulico del río en esa zona y así dar cumplimiento a la Ley de Aguas. Estos agricultores están en pie de guerra, según dicen, y además de haber presentado alegaciones en el proceso, no descartan acciones como una sentada a las puertas de la Confederación o, incluso, una huelga de hambre. El presidente de esta entidad, José Díaz Mora, explica que se trata de la continuación de un expediente iniciado hace 30 años, con el que ya se recuperaron 350 hectáreas de otros propietarios, y que obtuvo el respaldo legal en 1994 con una sentencia del Tribunal Supremo.
J. Y.
Ciudad Real
Desde que el pasado 10 de enero, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana iniciaran la instalación de las estacas en el margen izquierdo del río para delimitar los 13,5 kilómetros que considera de dominio público hidráulico entre los molinos de Zuacorta y Molemocho, y que afecta de lleno a más de medio centenar de fincas agrarias, sus 62 propietarios (la inmensa mayoría de Daimiel) no han dejado de mostrar su indignación.
“Hemos comprado y pagado las fincas, es de lo que vivimos y comemos, yo no tengo otros ingresos y además doy empleo a otras personas”, protesta Soledad Fernández, que tiene afectadas más de 40 hectáreas de cultivos herbáceos y hortícolas, y que asegura que desde que conocieron el avanzado desarrollo de los deslindes “lo estoy pasando muy mal, física, psíquica y emocionalmente”.
Argumenta que “es una contradicción porque mis concesiones de agua y los derechos de mis pozos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”, el mismo órgano que en mayo pasado recogió el anuncio por el que la CHG daba cumplimiento a la normativa y que justificaba por la “detección de presiones” en las márgenes del río debido a las actividades agrarias.
Jesús Pozuelo, otro de los agricultores afectados y también presidente de la Comunidad de Regantes de Daimiel, asegura que “es un atraco a mano armada” porque “tenemos los títulos de propiedad debidamente registrados”, y denuncia que el deslinde empezara “sin comunicárnoslo antes a nosotros”. La primera noticia les llegó, según dicen, en septiembre, cuando supieron por escrito que sus parcelas eran objeto de un procedimiento de apeo y deslinde al ser tierras colindantes al Guadiana.
El productor cuestiona la validez del proyecto técnico de la CHG, “al haber descartado hechos que se han ido produciendo a lo largo de los años”, como es la presencia de edificaciones y el funcionamiento de molinos que, según las estimaciones técnicas de la confederación, podrían quedar sumergidos en el caso de crecida por formar parte del cauce del río.
Pozuelo se retrotrae a 1763, hace más de dos siglos y medio cuando Carlos III vendió el humedal en parcelas, las cuales han ido cambiando de propietarios “sin ninguna pega de la Administración”, es más “hay casos de licencias de obras expedidas por ayuntamientos, pozos legalizados por la propia Confederación, terrenos adscritos al programa de humedales con el visto bueno del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y ayudas aprobadas por la Consejería de Agricultura para poder recibir las ayudas de la PAC”.
El regante se pregunta porqué no aplican estos mismos planes en otros enclaves como la zona regable del Tajo en la Vega de Aranjuez o en las tierras del Plan Badajoz, dado que sostiene que los argumentos de la confederación “no son reales”.
En concreto, cuestiona el ensanche del cauce previsto en el proyecto para su deslinde, que va desde los 300 metros hasta casi los dos kilómetros en algunos puntos, con unas márgenes angulosas “más propias del Amazonas”, bromea, así como en el caso del Azuer -el afluente del Guadiana que también surca la zona- “dicen barbaridades” porque la Confederación estima una media de 110 m3 por segundo, mientras que, según el agricultor, “lo más que ha conducido este río ha sido 11 m3/s”.
Estas consideraciones son algunas de las que contempla un informe técnico que los regantes han encargado a varios expertos y que es su principal alegato de defensa. El documento concluye que “la línea de deslinde propuesta no puede se otra que la que refleja actualmente la cartografía catastral como propia del río Guadiana”.
Así, Pozuelo ve el proceso “un contrasentido” que les está pasando “una factura emocional” porque es “una injusticia”. “No somos intrusos”, argumenta y acepta la posibilidad de que “hace años se hiciera algo mal”, pero “con la connivencia de la administración, que ahora tendría que ser consecuente en vez de hacernos culpables”.
Por ello, en caso de expropiación “podríamos sentarnos y hablar”, reconoce, pero “no a coste cero”.
Con todo, el portavoz de los regantes ve nubarrones para los próximos años en un procedimiento administrativo casi irreversible, dado que si son rechazadas sus alegaciones, podrán interponer un recurso de reposición, y en caso negativo para ellos acudirían a los tribunales. En este supuesto, durante el proceso judicial, el Estado toma posesión de las tierras, que los regantes ya no podrán aprovechar y que sólo podrían volver a cultivar si los tribunales fallaran a su favor.
Transferencias
Justo Carrasco, con más de 50 hectáreas de sus fincas previstas para el deslinde, también muestra su enfado y señala que esta superficie “se lleva sembrado dos siglos y se ha transferido al menos ocho veces a distintos propietarios, y yo la compré hace 20 años totalmente legal, para que ahora me vengan con éstas”.
Por ello, lamenta que el sistema de clarificación de los límites del río sea “a coste cero e ignorando las propiedades”.
Otro de los afectados, Gabriel Muñoz, con 38 hectáreas de regadío en juego, propiedad suya y de su hijo (éste acaba de terminar de pagar la hipoteca de una instalación ganadera), muestra su preocupación por la “situación de indefensión” y defiende los aprovechamientos agrícolas y ganaderos que representan “nuestras producciones”.
El caso del ganadero Juan Antonio Loro es de los más sangrantes para sus intereses, dado que el proceso de deslinde afecta al total de las nueve hectáreas de su explotación, donde gestiona 800 ovejas y un pozo con unas instalaciones “modernas” en las que ha hecho una gran inversión.
La finca está muy cerca de una de las tres presas con las que regulan el nivel del Parque de Las Tablas, y tiene una zona encharcada al tener la compuerta cerrada.
