El día 30 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 20/2017, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Este texto legal, que entró en vigor en el mismo día de su publicación, entre otras cuestiones y, como consecuencia de la falta de consenso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha servido para incorporar los coeficientes de actualización de valores catastrales para 2018.
La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1.296 municipios españoles, 10 de ellos en la provincia de Ciudad Real, en concreto, Alcolea de Calatrava, Arenales de San Gregorio, Arenas, Carrizosa, Fuenllana, Herencia, Las Labores, Luciana, Picón y Piedrabuena.
La consecuencia más inmediata de la entrada en vigor de los coeficientes de actualización de los valores catastrales será la subida generalizada de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (que se devenga el 1 de enero de cada año), salvo que los Ayuntamientos opten por tomar otro tipo de medidas paliativas, como pudiera ser la rebaja de los tipos de gravamen, dentro del margen de maniobra que les permite el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que se presenta como muy improbable.
Además, el aumento del valor catastral tendrá puede afectar al alza a otros impuestos, tales como el IRPF o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU), tal y como ha informado este jueves Ayming, grupo internacional de Consultoría en la mejora del rendimiento empresarial.