Sí ha visto la luz la resolución presentada de forma conjunta por PSOE y Podemos, por la que han reclamado la implantación inmediata para el actual ciclo de planificación que finaliza en 2021 de caudales ecológicos no fijados –11,74 metros cúbicos (m3) para Aranjuez, 23 m3 en Toledo y 27,82 m3 por segundo en Talavera–, así como derogar toda la legislación que emana del Memorándum del Tajo-Segura y revisar al alza los niveles establecidos en pantanos de cabecera.
Que los usuarios del acueducto paguen las tarifas que establece la Directiva Marco del Agua y que el Estado pague a Castilla-La Mancha los 109 millones de euros por la amortización de las obras de construcción que ha dejado de cobrar, han sido otra de las peticiones del PSOE y la formación morada.
De su lado, los ‘populares’, entre otras cosas, han instado al Gobierno regional a exigir al central caudales ecológicos mínimos –pero sin fijar cantidad–, subir la reserva de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, trabajar con los grupos y la sociedad civil en un Pacto Regional que contenga todas sus reivindicaciones, así como trabajar con el Gobierno central en un pacto nacional.
El Gobierno pide actuar al legislativo
El debate lo ha iniciado la consejera de Fomento, Agustina García Élez que ha insistido en que la sentencia del Supremo sobre caudales mínimos avala que no hay agua excedentaria que trasvasar, reconocimiento que debe llevar aparejado el fin del trasvase.
De ahí que haya dirigido su mirada al Gobierno central y haya dicho que no solo es el momento de valorar de “forma seria y decidida lo que prometió Pedro Sánchez a Emiliano García-Page en su apuesta por la desalación”, sino que ha pedido al Ejecutivo que acate la sentencia, algo que implica cambios en el trasvase.
“El poder legislativo tiene que hacer compatible las decisiones del Supremo. No se trata de que nadie gane, de una guerra del agua que nunca debió existir. Es momento de buscar una solución real en justas e igualitarias condiciones”, ha defendido.
Podemos llama a la unidad
De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, tras destacar que la sentencia supone una “victoria y un triunfo histórico” que demuestra que la movilización y la lucha sostenida de 10 años de las plataformas en defensa del Tajo al final han dado sus frutos, ha llamado a la unidad a la hora de exigir la aplicación inmediata de lo dictado por el Tribunal Supremo.
“Las Cortes de Castilla-La Mancha deben reflejar un mensaje de unidad entre partidos, administraciones y en torno a la defensa de estas sentencias”, ha urgido Llorente, en el que, presumiblemente, será el último pleno de la legislatura.
“Es momento de reconocer la inviabilidad jurídica del trasvase y de realizar en última instancia los cambios normativos necesarios para que el Levante tome conciencia de que no se puede depender más de este agua, de que se tienen que priorizar las desaladoras y un modelo de desarrollo sostenible sin ladrillo ni regadío extensivo, que ha generado demandas inasumibles de agua, que no debemos reproducir en nuestra región”.
De igual modo, se ha congratulado de que el presidente regional, Emiliano García-Page, se haya sumado a la petición de una auditoria pública del agua, algo, ha dicho, que Podemos lleva reclamando desde el inicio de la legislatura.
El PSOE llama al PP a que salgan del ostracismo de Cospedal
De su lado, el presidente del Grupo Socialista, Rafael Esteban, ha querido poner en valor que la sentencia del Tribunal Supremo reconozca el esfuerzo colectivo realizado tanto por la sociedad civil como por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
De ahí, y con los vientos soplando a favor de los intereses de la región en esta materia, que haya pedido a los ‘populares’ que “se suban a este carro”. “Naveguen con nosotros, les estamos ayudando a que salgan del ostracismo al que les llevo Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Encontremos el acuerdo, que el PP, PSOE y Podemos vayamos sumando las fuerzas necesarias”, les ha invitado Esteban.
El PP cree que Page hace el ridículo
La última en fijar posición ha sido la ‘popular’ Ana Guarinos, que ha reprochado a los socialistas que “intenten sacar pecho”, pues a su entender, la sentencia del Supremo no dicta qué caudales tienen que establecerse, ni que deba modificarse la reserva estratégica en la cabecera del Tajo, ni modificarse el trasvase. “No usen una sentencia para decir que dice cosas que no dice”, les ha pedido.
“Emiliano García-Page va a Bruselas pero no tiene la valentía de pedir a Pedro Sánchez que deje de trasvasar agua. Cada vez que va a Madrid hace el ridículo porque viene con un trasvase debajo del brazo”, le ha echado en cara Guarinos. De ahí, que le haya instado a que en lugar de viajar a Bruselas vaya a La Moncloa, pues es Pedro Sánchez el que tiene que modificar el Plan del Tajo.
De igual modo, y tras afear al presidente regional que no ha llevado a cabo ni la Ley de Agua ni un Pacto Regional del Agua que prometió en campaña, le ha espetado que “no ha buscado el consenso ni la unanimidad en torno a esta cuestión porque no han sido capaces se sentarse a negociar”. “Es mentira todo lo que dicen, son excusas y fracaso, fracaso y fracaso”, ha concluido Guarinos, que considera que al PSOE le interesa “hacer política con el agua en lugar de una auténtica defensa”.
“Parece una diputada de Murcia”
Las palabras críticas de Guarinos han hecho que la consejera tirase de su turno de réplica para reprender a la presidenta de los parlamentarios ‘populares’ por dejar en entredicho la sentencia del Tribunal Supremo que es “clara y contundente”. “Alégrese no por los intereses de este Gobierno, sino de Castilla-La Mancha. Parece diputada por Murcia”.
Y es que la titular regional de Fomento, que ha dicho que Guarinos “ha tenido que hacer un papelón muy complicado”, ha censurado que haya sido en el último pleno de la legislatura cuando el PP haya registrado por vez primera una iniciativa para hablar del Tajo y política hídrica “pero en tiempo de descuento y a remolque de la sentencia”.
