El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán. También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.
Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convará para el viernes 27 de octubre.
Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo “tan pronto como se recupere la normalidad institucional”.
“Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, el sentido común y se trata de abrir nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas”, ha argumento el jefe del Ejecutivo.
Cese del Gobierno catalán
También pedirá, con el fin de “proteger el interés general de la nación” que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno. Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.
En este punto, Mariano Rajoy ha querido dejar claro que la Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto, continuará funcionando como la administración ordinaria que ejercer las funciones que se le atribuyen en el mismo. No obstante, lo hará bajo las directrices de los órganos o autoridades que el Gobierno designe, que en principio serán los ministerios.
Al ser preguntado si habrá una intervención de los medios públicos de comunicación, Rajoy ha explicado que las funciones que tenía la Generalitat sobre éstos pasarán a tenerla los nuevos gestores.
Se restringen las competencias del Parlament
En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que el presidente del Parlament no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni se pueda celebrar un debate y votación de investidura en la Cámara legislativa regional.
Ésta tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña –que corresponderá al organismo que designe el Senado–, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, sobre las resoluciones que se adopten, el Gobierno tendrá 30 días para ejercer su derecho de veto.
Tras anunciar las principales medidas que se llevarán a cabo, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que esta intervención “no suspende la autonomía, ni el autogobierno”, sino que se cesa a los que “han puesto ese autogobierno fuera de la ley”.
Además, ha querido enviar un mensaje de “tranquilidad” a todos los españoles y sobretodo, a los catalanes. Ha admitido que es un “momento difícil” pero se ha mostrado convencido de que se va a superar estando “todos juntos”, como se han superado otros momentos difíciles en la historia de España.
Pide que no se vayan más empresas
Rajoy, quien ha pedido que no se vayan más empresas, ni depósitos porque “esto se arreglará y sin más daño para nadie”, ha señalado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba, respondiendo así a la pregunta de si una convocatoria electoral por parte de Carles Puigdemont puede paralizar esta actuación.
No obstante, no ha respondido qué hará el Gobierno si los cargos de la Generalitat no abandonan su puesto cuando sean cesados y, sobre si teme que haya nuevas protestas en la calle, ha dicho que su único temor es no cumplir con su obligación. “Yo tengo algunas obligaciones, las tengo claras, he sido muy prudente y lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años en la vida política. Yo no elegí a mi interlocutor, lo eligieron otros y tendrán que explicar por qué lo hicieron”, ha remachado.
“Algunos querían que se aplicara el 155”
Antes de anunciar las medidas, Mariano Rajoy ha sintetizado la situación en cinco puntos: el cómo se ha llegado hasta aquí, el diálogo, el artículo 155, los objetivos que persigue el Gobierno con su aplicación y las medidas.
Así, se ha mostrado convencido de que se ha llegado a esta situación por un “proceso unilateral” del Gobierno catalán, que ha sido “contrario a la ley” y ha “buscado el enfrentamiento”. De hecho y tras recordar los hitos más graves en que han incurrido los independentistas –con las leyes de ruptura aprobadas los días 6 y 7 de septiembre y el pleno del 10 de octubre– ha señalado que las instituciones catalanas “no respondieron (a su requerimiento) porque no quisieron”.
Y después de ver cómo se han desarrollado los acontecimientos, su “convicción” es que “algunos querían que se llegara a esta situación, que se aplicara el 155”. En este sentido, ha vuelto a reiterar que “no se pueden hacer peor las cosas” incluso para “los propios intereses de quienes las hicieron”.
En relación con el diálogo –que ha calificado de palabra “hermosa” que en esta ocasión se ha convertido en “mágica”–, ha recriminado a la Generalitat que no lo planteara, sino que quisiera una “imposición” de algo que el Gobierno “no podía hacer”, como era transferir la competencia a la Generalitat para que realizara un referéndum de independencia.
Rajoy también ha asegurado que el Gobierno “ha tenido” que aplicar el artículo 155 a pesar de que ni era su deseo, ni su intención. “No lo fue nunca”, ha exclamado. Tras precisar que esta herramienta legal sólo se aplica “en circunstancias excepcionales”, ha justificado su utilización porque “ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley” y se cambie para ésta para “imponer el criterio a los demás”.
Cuatro objetivos
Los objetivos que se persiguen con la aplicación de este artículo constitucional que también figura en otras constituciones europeas, según ha dicho, son cuatro: volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica que hoy está en evidente peligro por las decisiones “caprichosas y unilaterales” que se han adoptado y celebrar elecciones.
Ha relatado la fuga de empresas, la caída de las reservas turísticas y el hecho de que se han desincentivado las inversiones para dejar claro que los “efectos beneficiosos” que tendría la independencia en la economía es una de las “grandes historias” en las que “se ha faltado a la verdad”.
En este sentido, ha advertido que la secesión implicaría la salida de Cataluña de la UE, la imposición de aranceles y el control de fronteras, las entidades financieras dejarían de estar bajo el paraguas de la UE y habría una contracción del crédito, que ya se está produciendo. En resumen, la independencia empobrecería Cataluña entre el 25 y el 30 por ciento del PIB.
Control de TV3
Por otro lado, el presidente del Gobierno ha confirmado que el Ejecutivo asumirá las funciones que tenía la Generalitat de Cataluña sobre los medios públicos de comunicación, entre ellos, TV3. El Ejecutivo asegura que en el ejercicio de estas funciones se garantizará la información “veraz, objetiva y equilibrada”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se han acordado las medidas para la aplicación del artículo 155 y preguntado por un periodista de TV3, el jefe del Ejecutivo ha precisado que las funciones que la Generalitat tenía sobre esos medios públicos catalanes pasarán a tenerla los nuevos gestores.
