Algo más de una treintena de funcionarios de los juzgados de Ciudad Real respondieron ayer a la convocatoria de CSI-F y se concentraron ante el palacio de justicia ciudarrealeño para protestar contra el modelo de nueva oficina judicial propuesto por el Ministerio porque, a su juicio, “despersonalizará la justicia y existirá menos control”.
Así lo explicó ayer el presidente autonómico y provincial del sector Justicia de CSI-F, José García Muñoz, quien lamentó que desde el Gobierno central “no se nos haya tenido en cuenta a los funcionarios, que somos los que trabajamos cada día en los juzgados”.
Según el comunicado leído por García durante la concentración, la reforma de la Oficina Judicial que pretende llevar a cabo el Ministerio de Justicia -y que afectará a entre 450 y 500 empleados públicos de la provincia y 40.000 en todo el territorio nacional- provocarán el colapso de la Administración de Justicia “ya que pretende implantar un modelo de juzgado burocrático y despersonalizado en el que la resolución de los expedientes se retrasará hasta un año más de lo que se hace en la actualidad”.
En este sentido, García Muñoz explicó a los medios de comunicación que la nueva Oficina Judicial supone un completo cambio en el funcionamiento de los juzgados “y queremos tener voz y voto en esta modificación porque sí creemos necesaria una reforma del sistema judicial, pero siempre que se nos escuche y que el Ministerio de Justicia comprenda que la reforma conlleva también un coste en materia de personal que, de momento, no contempla”.
Cambios de grupo
Además, otra de las principales trabas que ven desde el sindicato CSI-F a este proyecto de reforma es que el trabajador ya no conserva su puesto de trabajo sino que puede ser cambiado -siempre dentro de la misma ciudad- a un grupo de trabajo u otro en función de las necesidades.
“Con la creación de macro oficinas y su división por sectores, cada procedimiento pasará por distintas manos, nadie se responsabilizará de él. Además, nos quieren dejar sin destino para movernos a su antojo. Esto, unido a los puestos que pretenden introducir de libre designación -adjudicados a dedo- supondrá la politización de la justicia. Pero lo que nosotros realmente queremos es una justicia de calidad”.
Y esa calidad se lograría, según CSI-F, logrando -entre otras cuestiones- una mayor agilidad. “El problema de la justicia es el retraso, y la Oficina Judicial no da respuesta a esta cuestión”, argumentó García Muñoz.
“En CSI-F defendemos una Administración de Justicia eficiente y eficaz prestada por personal especializado, puesto que el procedimiento judicial es objeto de una norma específica muy distinta de la que se aplica en el resto de la Administración Pública y, en ese sentido, defendemos el mantenimiento de la reserva de función en los destinos”.
Por estos motivos, desde la organización sindical solicitan al Ministerio de Justicia que no haya movilidad y que los funcionarios sepan en cada momento que expedientes llevan y de cuáles son responsables.
“El funcionario debe estar especializado y esa es la máxima garantía de calidad de la justicia”, subrayó García Muñoz, quien también hizo hincapié en que el Gobierno central tenga en cuenta las cargas de trabajo atrasadas e invierta en personal para tratar de solventarlo.
“Nuestro objetivo es conseguir una justicia de calidad y para ello es imprescindible dar voz y voto a los funcionarios en su reforma”, concluyó el presidente autonómico y provincial del sector Justicia de CSI-F.
El sindicato tiene convocada otra concentración ante los juzgados el próximo viernes, también a las once de la mañana.
